¿Qué relación hay entre las automotrices con la dictadura militar de 1976?
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
Cómo fue la alianza entre empresas automotrices y la dictadura
Listas negras, aporte de infraestructura y acuerdos comerciales. Esos fueron los ejes de la relación que establecieron Fiat, Ford y Mercedes con quienes ocuparon la Casa Rosada entre 1976 y 1983.
El 24 de marzo de 1976 Jorge Constanzo se presentó, como todos los días, en la planta de Ford de General Pacheco, donde era delegado del sector de Comedor. Dentro de la fábrica, una patota lo detuvo junto a otros tres compañeros de trabajo. Les taparon la cabeza, les ataron las manos con alambre y los golpearon. Desde ese día, los militares tuvieron una fuerte presencia en la empresa: entre marzo y mayo de ese año, 25 delegados de la comisión interna fueron secuestrados. Sus nombres figuraban en una lista que los directivos habían entregado a los militares. Ese no fue el único aporte de la empresa: los directivos pusieron a disposición el quincho del campo de deportes -que funcionó como centro clandestino de detención- y las camionetas F100 utilizadas en los operativos.
Los estrechos vínculos entre empresarios y militares no constituyen la excepción a la regla y se repitieron de manera similar en otras automotrices como Fiat y Mercedes-Benz. En la empresa italiana al menos 118 empleados o ex empleados de la automotriz fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad: 52 fueron desaparecidos o asesinados. En el caso de la compañía alemana al menos 20 empleados fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. Quince de ellos aún continúan desaparecidos. La gran mayoría eran trabajadores con activa participación sindical. Muchos de ellos fueron secuestrados dentro de las fábricas e incluso a pedido de los directivos de las empresas.
Los datos se desprenden del informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, un trabajo elaborado por el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina). El trabajo, elaborado porun colectivo de abogados, historiadores, sociólogos y antropólogos durante un año y medio, se basa en 22 informes sobre 25 de las empresas más importantes del país.