¿Qué relación hay entre el poder constituyente y la democracia?
Respuestas a la pregunta
En los albores del siglo XXI una de las constantes del pensamiento político se dirige, una y otra vez, a repensar la esencia de un sistema, de un modelo que fue pensado y diseñado para que, en efecto, el gobierno del pueblo, para y por el pueblo fuera una realidad. Sin embargo, a pesar de que los pasos dados han sido claros y firmes, todavía observamos y contemplamos cómo en nombre del pueblo precisamente siguen pugnando por prevalecer determinados intereses parciales, sean de orden económico, sean de orden partidario, que impiden que la aspiración a la justicia y al bienestar de millones de seres humanos encuentre cumplida satisfacción. La democracia, como escribió Friedrich, más que un sistema de gobierno constituye un estilo vital desde el que es posible comprender las diferencias, desde el que posible poner en el centro de la acción del gobierno la mejora constante de las condiciones de vida de los ciudadanos.
Mucho se ha discutido, se discute y se discutirá acerca del sentido del interés general en los sistemas democráticos. Para unos, es la voluntad de la mayoría la que debe prevaler unilateralmente en cualquier caso, pasando por encima, si es menester de las minorías. Para otros, entre los que me cuento, el interés general constituye la expresión del bien de todos y de cada uno de los ciudadanos, de manera que el gobierno a la hora de aplicar sus políticas ha de tener en cuenta esta realidad y evitar la función de apisonadora que tantas veces comprobamos que constituye la esencia del mal gobierno en el seno de nuestras «ilustradas» democracias.
En cualquier caso, la teoría política sigue de moda. No podía ser de otra manera porque, estando todo inventado, también en materia de sistemas de gobierno, se observa una cierta vuelta a perspectivas unilaterales, de corte totalitario, desde las que se intenta a toda costa levantar concepciones de la democracia abandonadas desde el principio, bien sea por su imposibilidad racional de implementación (democracia de identidad), bien sea por su incapacidad real para posibilitar gobiernos con capacidad de atender a los intereses generales, entendidos éstos desde el pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. A pesar de, cómo ha dicho Sartori, la democracia liberal ha vencido porque es la única democracia real que se ha podido aplicar, los intentos de desnaturalizar el gobierno de todos para implantar sistemas de gobierno de unos pocos sigue estando presente a poco que analicemos lo que acontece en algunas partes del mundo.
En efecto, el agotamiento del pensamiento marxista aplicado a la política al desvanecerse los modelos de socialismo a que dio lugar se rebela hoy contra su estrepitoso fracaso y pugna por el uso alternativo de las instituciones de la democracia liberal. Es el caso de la quiebra de los postulados del Estado de derecho, la gran conquista del pensamiento liberal que trajo consigo la primacía de la ley, el imperio de los derechos fundamentales de la persona y la separación de poderes. Trípode sobre el que se la levantado el edificio de la política y el derecho de la cultura jurídica moderna y que, sin embargo, poco a poco han sido asaltados por diferentes teorías y explicaciones que buscan, de una u otra forma, abdicar de los grandes principios para instalar dictaduras de hecho a partir de la subversión del orden constitucional e institucional. Me parece que es lo que está aconteciendo en Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde se está experimentando, dos siglos después, con modelos de democracia identitaria, que diría Rousseau, que son esencialmente inaplicables pero que permiten su utilización fraudulenta por los agitadores de masas en detrimento de la convivencia pacífica de todos y de la búsqueda de modelos racionales y humanos, mejorables ciertamente, desde los que convocar a políticas sociales que ayuden a la gente a superar las lacerante situaciones de pobreza que todavía perviven por estas latitudes. La pobreza, está demostrado, se combate desde la educación y desde el compromiso de los gobiernos con los abandonados de este mundo, no desde la fragmentación y el uso monolítico y unilateral de todo el poder, sin admitir su separación o su compartición.
racionalizado a partir de una norma jurídica de general aceptación por el pueblo y por él elaborada. Es decir, el pueblo, encarnado en el llamado poder constituyente es el encargado de elaborar la norma en la que se definen las instituciones, los principios, los valores y los procedimientos a través de los cuales se ejercerá el poder. Ahora bien, según que nos situemos en una perspectiva o en otra, en la democracia de la identidad o en la democracia representativa, la cuestión será bien distinta.