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Dos consecuencias de fraude electoral

Answer 1

raude electoral que cometió el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Daniel Ortega, en los comicios municipales del 9 de noviembre del año pasado, marcó el fin de la breve temporada de elecciones libres en Nicaragua y retrotrajo al país a la vieja era de los comicios fraudulentos.

Desde las elecciones del 25 de febrero de 1990, el proceso electoral había sido un medio básicamente confiable de participación ciudadana para el acto político trascendental de escoger gobernantes y representantes. Las diversas elecciones nacionales, regionales y municipales que se celebraron desde febrero de 1990 hasta noviembre de 2008, tuvieron fallas técnicas y defectos políticos, sin duda, pero eran problemas secundarios. En términos generales, en todas aquellas elecciones se respetó la voluntad de los ciudadanos manifestada en las urnas electorales.

Esa confianza terminó con el gigantesco fraude que el régimen orteguista perpetró en las elecciones municipales del 9 de noviembre del año pasado, hoy hace un año. La oposición ganó aquellas elecciones de manera amplia, evidente y contundente, pero el Consejo Supremo Electoral le adjudicó la gran mayoría de las alcaldías al perdedor FSLN, para apuntalar el poder dictatorial de Daniel Ortega.

El daño causado por el fraude electoral del año pasado es tan grande como irreparable. En lo económico el país perdió de inmediato por lo menos cien millones de dólares de financiamiento externo al déficit presupuestario, programas de desarrollo e inversiones para la reducción de la pobreza. Y seguirá perdiendo más recursos externos en los próximos años, mientras que la economía seguirá arruinándose porque Ortega pretende que la nación pague el costo de su fraude mediante medidas draconianas como la proyectada reforma tributaria.

Debido al fraude, la imagen de Nicaragua se ha vuelto a degradar ante la comunidad internacional, que ve al gobierno de Ortega como un ente despreciable y al pueblo nicaragüense como alguien digno de compasión. Y lo peor de todo es que la ciudadanía ha perdido la confianza en la institucionalidad del país, particularmente en el mecanismo electoral del Estado.