analizar la siguiente pregunta:
Los delitos contra la eficiencia de la administración pública (cohecho y concusión) son muy comunes en nuestro medio lo que causa gran conmoción social y falta de confianza en la administración pública, con estos antecedentes consideran que las penas privativas de libertad contempladas para estos tipos penales son acordes a la gravedad del asunto o debería modificárselas tomando en cuenta la buena fe y fidelidad que debe demostrar el servidor público en sus funciones en el cuidado y manejo de los recursos públicos.
Para desarrollar el presente foro debe revisar:
Normativa acorde al tema
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
Se han suscitado con mayor frecuencia debido a los numerosos casos de corrupción que se están descubriendo en la actualidad, y que nos permiten entender como los sistemas actuales de responsabilidad jurídico-penal
Explicación:
La evolución de los delitos contra la Administración pública, desde el concepto de empleado público a lo largo de la historia, debido a que, en lo referente a los delitos de prevaricación y cohecho, aparte de estudiar los elementos que presenta cada uno de ellos, es necesario destacar el incremento de la corrupción que venimos sufriendo, y que ha aumentado la penalidad de esta modalidad de delitos.
La función administrativa exige coordinar acciones para el cumplimiento de los fines de las instituciones del Estado sus organismos y dependencias para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución de la República, buscando un mejor desarrollo de actividades productivas a cada uno de los ciudadanos, mediante el reconocimiento de los principios de eficiencia, calidad con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos entre otros.
Para desarrollar el presente foro debe revisar:
La legislación vigente que regula los delitos contra la eficiencia de la administración pública, tales como el Código Penal y la Ley de Responsabilidad Penal de los Funcionarios Públicos, entre otras.
Análisis de la problemática:
Los delitos contra la eficiencia de la administración pública son una grave amenaza para la estabilidad de la sociedad, ya que muchas veces ponen en riesgo la confianza de la misma en el sistema gubernamental. Por esta razón, las penas impuestas deben ser adecuadas y justas, y deben tener en cuenta la buena fe y fidelidad que espera la sociedad del servidor público.
Conclusiones:
En conclusión, la legislación vigente debe atender a la gravedad de los delitos contra la eficiencia de la administración pública, a la vez que debe tener en cuenta la buena fe y fidelidad que se espera del servidor público. Por lo tanto, sería necesario evaluar la legislación actual con el fin de determinar si las penas impuestas son adecuadas y justas, y establecer las modificaciones necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad de la sociedad.
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