ventajas y desventajas de las leyes en México
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Según un tuit que se tornó viral, en el año 2192 el primer ministro británico vuela a Bruselas para solicitar una nueva ampliación de la fecha fatal para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. “Nadie recuerda dónde se originó esa tradición, pero cada año atrae a muchos turistas provenientes de todos los confines de la Tierra.” La compleja negociación que ha caracterizado a estas dos entidades, Inglaterra y la Unión Europea, se presta a toda clase de mofas porque refleja una profunda institucionalidad que ha requerido seguir pasos, procedimientos, cuerpos colegiados y votos parlamentarios y de las diversas instancias legislativas y judiciales de cada una de las partes. Esa institucionalidad, como sugiere el tuit, puede ser paralizante, pero tiene la virtud de conferir estabilidad y predictibilidad a la vida cotidiana y a las decisiones que cada persona y familia, en todas sus facetas, realizan a lo largo de sus días.
La materia constitucional es un ejemplo sugerente: en México, los cambios constitucionales han sido, históricamente, un deporte sexenal en el que, como vimos con las reformas del sexenio pasado, los gobernadores competían para ser los primeros en lograr que sus legislaturas aprobaran las enmiendas que quería el presidente, para quedar bien con él. El objetivo no era el propósito de la reforma, sino refrendar la autoridad del presidente. En este sexenio el proceso se ha refinado, pues ya ni siquiera son necesarios los gobernadores, dada la mayoría que Morena comanda en 19 de las entidades: basta una instrucción para que se apruebe la disposición enviada por el Ejecutivo federal.
En contraste, en países con gran institucionalidad el proceso de enmienda constitucional es extraordinariamente difícil. En Dinamarca, por ejemplo, una modificación constitucional requiere, primero, la aprobación del parlamento, posteriormente una elección parlamentaria y luego el voto del nuevo parlamento. En adición a lo anterior, se requiere del apoyo de por lo menos el 40% de la población en un referéndum entre toda la población en condiciones de votar. Es decir, se trata de un proceso engorroso, tardado e incierto, diseñado precisamente para que cualquier cambio constitucional que se realice goce de amplio apoyo popular y no de la imposición partidista, gubernamental o burocrática.
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