un ejemplo donde la ley se aplique de manera parcial
ayuda es para hoy
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
espero y te sirva si es que puedes coronita porfa si es que te sirve
Explicación:
El objetivo de las leyes, dicen, es permitir la convivencia entre las personas y los conglomerados; otros afirman que la ley se debe orientar a lograr la justicia entre los individuos y las comunidades. La cuestión resulta mucho más que teórica puesto que en este inicio del tercer milenio se ha profundizado en prácticamente todo el mundo la convicción de que las leyes son fundamentales y necesarias para promover tanto la convivencia pacífica y civilizada, como para obtener en alguna medida, la justicia. La sola definición de justicia apunta ya a la enorme dificultad para lograrla: “La voluntad de dar a cada quien lo que le corresponda”. Si tal concepto se aplica a los actos y hechos individuales, sin mucha referencia a la historia y a la sociedad en la que suceden, se corre el riesgo de aplicaciones de corte unilateral de lo que, un sector de la sociedad, considera justo. La sola aplicación de leyes no necesariamente lleva a la implantación de una sociedad más justa. Más complicado todavía resulta dar a cada uno lo que le corresponde cuando la sociedad está dividida y en antagonismo consigo misma. Si de entrada hay grupos y sectores sociales que buscan su propio interés y su beneficio, en contra de otros grupos con los que conviven, suele suceder con cierta frecuencia que las leyes se aplican, o manipulan, para obtener lo que esas porciones del conjunto consideran lo legal, que no necesariamente lleva a lo justo. Un ejemplo de esta aplicación de las leyes con frecuencia desviada a favor, o en perjuicio, de un grupo con cierto poder en su medio, ha sido la forma en que en los Estados Unidos se aplica actualmente la pena de muerte. En 1972 la Suprema Corte de Justicia de aquel país declaró a dicho castigo arbitrario e injusto, y la prohibió. Cuatro años más tarde, el mismo organismo legal, presionado por segmentos de peso de la sociedad, volvió a implantar esta sanción. Esta semana, la misma Corte decidió que sólo un jurado de pares, es decir de ciudadanos similares al acusado, podrá imponer la muerte como punición, en vez de que sea el juez quien decida mandar al cadalso al supuesto delincuente. El arbitraje resulta significativo pues coloca en un grupo de personas sin otro interés que representar a la comunidad, la capacidad de decidir si un acusado debe morir por su infracción. El juez, normalmente un individuo reconocido por su imparcialidad y conocimiento de las leyes, puede ser influido por deseos de quedar bien con uno de los grupos sociales con quien convive, o puede saber que tal tipo de sentencias le otorgará fama y prestigio entre funcionarios inclinados a la dureza y eso servirle para ascender en el sistema judicial. Un jurado, por otra parte, tiene la ventaja al menos de que habrá algún diálogo entre personas distintas, con sensibilidades diferentes y sin mucho que ganar, o perder, del fallo que darán. El caso es que en los Estados Unidos, a partir de esta semana, no será válido que el juez decida a su arbitrio mandar al pabellón de la muerte a un delincuente declarado culpable: Tiene que hacerlo un jurado. Eso afectará, dicen, a unos 800 prisioneros que están esperando el cumplimiento de su sentencia. Deberán reabrir sus casos y, por lo menos en algunos de ellos, revisados por un cuerpo compuesto por ciudadanos imparciales. De alguna manera esta decisión representa un paso adelante hacia una justicia que parece siempre esquiva. El problema con la pena de muerte en Estados Unidos no parece distinto de lo que sucede, o acontecía, en otros países donde se usa, o aplicaba la pena máxima, en el sentido de que con más frecuencia de lo que la estadística supone normal se lleva a la silla eléctrica, o a la cámara de gases, a personas de clase social inferior, de raza distinta a la de la mayoría, o de cultura diferente de la predominante. Los ricos, acusados de delitos similares, suelen obtener más clemencia que los pobres; los negros y los hispanos, son tratados con menor consideración que los blancos o anglos. Los jueces, y quienes los nombran, suelen ser de una raza, cultura o medio social que se encuentra en cierta contradicción con otras razas, culturas o estratos. Colocar la responsabilidad de mandar a morir a una persona en un grupo representante de la comunidad parece al menos un paso en el camino correcto; mucho mejor sería proscribir las ejecuciones porque son, de acuerdo con su propio dicho, “injustas y arbitrarias”. Ernesto Camou Healy Dr. en Ciencias Sociales, Mtro. en Antropología Social y Lic. en Filosofía; Investigador del CIAD, A.C. de Hermosillo.