un discurso sobre los grupos paramilitares en Colombia
Respuestas a la pregunta
El contexto: las AUC, ¿un “tercer actor”?
Algunos análisis tienden a mostrar a las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) como una organización ficticia, influidos por el juego de
intereses y las pugnas entre facciones que salieron a la luz pública durante
las negociaciones con el gobierno Uribe. Según Garzón las autodefensas,
“no obstante se presenten como un actor unificado, en realidad son la
representación de una serie de dinámicas regionales y locales que pretenden alcanzar una cobertura nacional” (Garzón, 2005, 47). Seguramente
las AUC nunca fueron lo que pretendían ser, una organización autónoma
y centralizada similar a las organizaciones guerrilleras; sin embargo, hubo
un momento en que lograron proyectar esa imagen y, sobre todo, en que
esa representación tuvo acogida en ciertos sectores de la sociedad colombiana. Para estudiar cómo se produce este proceso, en el que las AUC
consiguen proyectarse y legitimarse como un actor unificado, es necesario
distinguir al menos dos períodos en su desarrollo como organización.
El primer período va desde la formación de las AUC en abril de 1997
hasta la elección de Uribe en agosto de 2002, y envuelve un proceso
de centralización caracterizado por el crecimiento y expansión del
paramilitarismo1
. A fines de 1994 tiene lugar la Primera Cumbre Nacional
del Movimiento de Autodefensas en Cimitarra, bajo orientación de Fidel
Castaño. Esta reunión agrupó varios comandantes de grupos regionales
con el fin de construir un movimiento unificado, una “coordinadora nacional de autodefensas”. El surgimiento de las Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá (ACCU) da origen a una dinámica de centralización que
luego deviene en la definición de un proyecto de cobertura nacional con
la formación de las AUC en 1997. Entonces, los principales objetivos de
Carlos Castaño eran lograr presencia nacional, espacio político y mando
unificado central (Otero, 2008, 185).
El grado de organización permite a los jefes paramilitares alcanzar
cierta autonomía respecto a las organizaciones narcotraficantes tras el
desmantelamiento del Cartel de Medellín y la muerte de Pablo Escobar
en 1993. Las AUC, desde junio de 1997, implementaron una estrategia
para obtener reconocimiento político y proyectarse como tercer actor del
conflicto armado. En enero y febrero de 1999 lanzaron una iniciativa que
buscaba el reconocimiento por parte del gobierno Pastrana (1998-2002)
para sentarse a negociar junto con la guerrilla. Castaño escribió una carta
al entonces presidente. Al tiempo se intensificaron las masacres como
reprimenda por el inicio de los diálogos de paz con las FARC
.
Los paramilitares se convirtieron en un serio obstáculo para la política
de paz del gobierno tanto con las FARC como con el ELN. Las FARC
congelaron los diálogos en enero de 1999
y en noviembre de 2000 le
exigieron al gobierno la desarticulación de las AUC e impidieron que se
les diera estatus político. Los paramilitares recurrieron al secuestro de
congresistas de varios partidos, casi siempre provenientes de sus zonas de
influencia, desde octubre de 2000, para evitar que la propuesta de canje
permanente de “prisioneros de guerra” de las FARC tuviera desarrollo
legislativo. Los paramilitares fueron la principal traba en el proceso con el
ELN, que se inició como desarrollo del Acuerdo de Puerta del Cielo y
tenía como objetivo realizar la Convención Nacional, propuesta desde
1996. Después de un año y medio de conversaciones, en mayo de 2000,
Pastrana accedió a la pretensión del ELN de despejar dos municipios en
el sur de Bolívar, Cantagallo y San Pablo, y uno en Antioquia, Yondó,
para crear una “zona de encuentro” y realizar la Convención Nacional. Los paramilitares, que habían logrado despojar al ELN de algunas
de estas zonas, recurrieron a las masacres
y a la intimidación de sus
habitantes, forzándolos a movilizarse con el fin de impedir el despeje y la convencion, situación que se prolongó por más de un año.Así lograron legitimarse entre los sectores opuestos a las negociaciones que percibían
los despejes como una muestra de debilidad del gobierno frente a las
guerrillas.