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El crimen organizado continúa afectando a la sociedad hondureña y obliga a muchas personas a abandonar el país. Los grupos más vulnerables a la violencia son los periodistas, ambientalistas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), y discapacitados. El gobierno utiliza a militares para tareas de seguridad pública.
Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del poder judicial y la policía, instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida ineficaz. En junio de 2020, entró en vigencia un nuevo código penal, que contiene disposiciones que parecían estar orientadas a reducir las penas por corrupción y otros delitos a políticos vinculados al crimen organizado. El nuevo código también prevé alternativas a la detención para delitos menores, incluidas penas de prisión de cumplimiento parcial y penas que permiten la libertad condicional.
En Honduras, la mayoría de las violaciones de derechos humanos, los delitos violentos y los hechos de corrupción quedan impunes, incluso a pesar de