tres derechos fundamentales , tres derechos economicos sociales y culturales , tres derechos colectivos y del medio ambiente de la constitucion politica de 1991
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Respuesta:
La consagración de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) ha sido un largo proceso que aún no culmina; desde la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1966 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de dicha Organización Internacional en 2015, aún existen importantes retos por atender para hacer de estos derechos una realidad para todas las personas.
Los DESCA se identifican como aquellos derechos que se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas de las personas, comprenden distintos Derechos Humanos, entre ellos: a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la salud, al agua, al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda digna y decorosa, a la educación, a la cultura, así como al medio ambiente.
Cada Estado tiene la obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra naturaleza, la plena efectividad de estos derechos, evitando tomar medidas regresivas, por ende, resulta ineludible la obligación de las autoridades para cumplir con los mínimos indispensables de esos derechos.
El Informe Anual de Actividades de la CNDH de 2018 consideró que el Comité DESC [i] de la ONU, expresó en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México la insuficiencia del salario mínimo para proporcionar condiciones de vida digna; la alta proporción de trabajadores en la informalidad; que el desempleo y subempleo afectan especialmente a personas jóvenes, personas con discapacidad, personas migrantes, entre otros; la persistencia de condiciones laborales injustas para trabajadores agrícolas y en el servicio doméstico; un sistema de protección social fragmentado por sectores y vinculado a la formalidad del empleo; altas tasas de desnutrición en contraposición con altos niveles de sobrepeso y obesidad que vulneran el ejercicio del derecho a la alimentación; además de una alta desigualdad que afecta a las personas más desfavorecidas y marginadas.
Interesa a este Organismo Nacional que tras un año del informe del Comité DESC, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante su visita a México en el mes de abril de 2019, expresará su preocupación por los retos de desarrollo socioeconómico que debe enfrentar nuestro país dado el porcentaje de población que vive en pobreza[ii].
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, remarcó a su vez la importancia de buscar el equilibrio entre proyectos de desarrollo; el medio ambiente; la protección de los territorios y recursos de los pueblos indígenas e insistió en que los procesos de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, son una herramienta que puede ayudar a evitar conflictos, al considerar las opiniones y visiones de quienes han estado más excluidos.
Por otra parte, resaltó la necesidad de que el desarrollo sea sostenible y sustentable desde la perspectiva ambiental, social y de Derechos Humanos, al hacer referencia a la Agenda 2030 y cómo ésta exige involucrar a los beneficiarios en el diseño, implementación y monitoreo de los proyectos que les pueden afectar.
Finalmente, hizo un llamado al Estado mexicano para incorporar en su sistema jurídico diversos instrumentos internacionales de protección de los DESCA, tal es el caso del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos; y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
escribiendo la Biblia