¿Solo en democracia se pueden conocer y ejercer todos los derechos civiles y políticos? ¿Por que?
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
La democracia es base del estado de derecho y condición indispensable para el ejercicio efectivo de todos los DDHH.
Todas las personas tienen derecho a la democracia y los Estados tienen la obligación de promoverla y defenderla. La democracia contribuye al pleno disfrute de todos los DDHH (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) y a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres para participar en la vida política y pública.
Sus principios, reglas, normas y valores están presentes en las normas internacionales de DDHH. Pero, dado que pueden revertirse o perderse, Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos han asumido la tarea de proteger, promover y consolidar constantemente la democracia a nivel global.
Las Naciones Unidas afirma que, si bien existen normas y modelos universales y esenciales para la democracia, no hay un patrón o modelo único ni es exclusiva de ningún país o región del mundo.
En los sistemas internacionales y regionales de protección de DDHH la democracia es un sistema de relevancia universal y siempre perfectible, basada en la libre expresión de la voluntad de la población para la determinación de sus propios instrumentos políticos, económicos, sociales y culturales y su plena participación en todos los aspectos de sus vidas.
Constituida por principios y procedimientos, instituciones y procesos, mecanismos y mentalidades, leyes y su aplicación, formas de gobierno, mayorías y minorías y una sociedad civil vigorosa, diversa e independiente, algunos estándares esenciales de la democracia son:
Estándares de ejercicio del poder político
La voluntad del pueblo como base de la autoridad de gobierno.
El acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el estado de derecho.
La celebración de elecciones periódicas, libres, imparciales y justas, sin fraude e intimidación, como expresión de la soberanía del pueblo, realizadas mediante sufragio universal e igual, abiertas a múltiples partidos, por votación secreta y vigiladas por autoridades electorales independientes.
El derecho de los elegidos a formar gobierno, asumir sus cargos, cumplir sus mandatos y apoyar la ley, según establece la Constitución de cada país y los procedimientos legales establecidos.
La obligación del gobierno elegido de abstenerse de medidas extra-constitucionales y permitir la celebración de elecciones periódicas, respetar sus resultados y entregar el poder cuando finalice su mandato legal.
La alternancia en el poder, aún en los casos de elecciones libres, sin coacción ni fraude.
Estándares de libertades públicas
La libertad de opinión y de expresión, y de intercambiar y recibir ideas e información por cualquier medio sin tener en cuenta las fronteras.
La existencia de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas.
La libertad de la prensa a recopilar, comunicar y divulgar información, noticias y opiniones, sujeta sólo a restricciones necesarias en una sociedad democrática, y prescritas por ley.
Un sistema pluralista de organizaciones y partidos políticos.
La libertad de reunión pacífica y de asociación, incluido el establecimiento de partidos políticos, grupos cívicos, sindicatos u otros organismos, o de afiliarse a ellos, con las garantías jurídicas necesarias para funcionar libremente en condiciones de igualdad de trato ante la ley.
La igualdad de acceso a la educación.
La libertad de pensamiento, conciencia y religión.
El derecho de los grupos minoritarios o desfavorecidos a la libertad de disfrutar de su propia cultura, manifestar y practicar su propia religión, y usar su propio idioma.
Estándares de institucionalidad democrática
La igualdad en el acceso al servicio público y a participar en el manejo de los asuntos públicos, directamente o a través de representantes elegidos libremente.
La separación de poderes.
Un poder judicial competente, independiente e imparcial, abierto al público y establecido por la ley para proteger los derechos democráticos.
La igualdad ante la ley, sin discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra clase, origen nacional o social, propiedad, nacimiento o cualquier otra condición.
La transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública.
La rendición de cuentas a los ciudadanos y el combate a la corrupción.