relacion del paramilitarismo con el congreso de la republica de colombia
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La Relatora Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, probó los vínculos existentes entre paramilitares y políticos en Colombia, a través de un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Durante este proceso se citó a 93 parlamentarios y 22 sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, además de estar relacionados en estos vínculos contra 13 diputados, 12 gobernadores, 166 alcaldes y 58 concejales.
Este informe constató que existen vínculos entre paramilitares y miembros del Congreso de la República y del Gobierno.
Dentro de los intereses que comparten estas organizaciones se encuentra el tráfico de estupefacientes, algo que ha sido de particular interés de desarticulación por parte de Estados Unidos. Durante este proceso de evaluación de la ONU hubo diversas dificultades para obtener testimonios y la superación de la impunidad.
Sobre esto último, se considera a la impunidad como la columna vertebral de la crisis de derechos humanos en Colombia, los victimarios no son identificados ni llevados ante la justicia, y esto se debe a que no se tiene la voluntad política para enfrentar esto.
Posteriormente, en 2014, el presidente del Senado de Colombia, José David Name, cumplió con una orden judicial que le obligaba a pedir perdón al país por las relaciones de legisladores con grupos paramilitares responsables de algunas de las peores masacres producidas en el conflicto armado.