Relacion del capital extranjero y marina mercante argentina
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Se ha definido bien a la política naviera como el conjunto de acciones públicas y privadas que tienen por fin el desarrollo de la industria de la marina mercante, y que se traduce en normas jurídicas nacionales e internacionales a las que se adhiere, reglamentaciones y acuerdos privados, teniendo en mira la tutela del interés general, todo ello en concordancia con los intereses del comercio exterior.1
Generalmente, el Derecho Público Marítimo concentra todas las acciones gubernamentales de un país dirigidas a la promoción de esa industria de la Marina Mercante y al contralor de esa actividad.
Por un lado la política naviera es una rama del llamado Derecho Marítimo, o mejor aún, del Derecho de la Navegación por agua. Todos y cada uno de los históricos principios de la materia se conectan con las acciones privadas de los navieros y de los sujetos intervinientes en el tráfico marítimo, sean bancos, agentes marítimos, brokers etc., y con el accionar resultante de las instituciones internacionales, intergubernamentales y priva- das, que a través de convenios y tratados llevan a la uniformidad normativa internacional, incluso de países que no han adherido a ellos. La Argentina participa en estos organismos que establecen normas y recomendaciones inspiradas en determinada política, como es el caso de la O.E.A., la O.M.I., la U.N.C.T.A.D., la O.I.T. y en el plano regional la ALADI, el MERCOSUR, la Hidrovía Paraná-Paraguay, etc.
Se ha definido bien a la política naviera como el conjunto de acciones públicas y privadas que tienen por fin el desarrollo de la industria de la marina mercante, y que se traduce en normas jurídicas nacionales e internacionales a las que se adhiere, reglamentaciones y acuerdos privados, teniendo en mira la tutela del interés general, todo ello en concordancia con los intereses del comercio exterior.1
Generalmente, el Derecho Público Marítimo concentra todas las acciones gubernamentales de un país dirigidas a la promoción de esa industria de la Marina Mercante y al contralor de esa actividad.
Por un lado la política naviera es una rama del llamado Derecho Marítimo, o mejor aún, del Derecho de la Navegación por agua. Todos y cada uno de los históricos principios de la materia se conectan con las acciones privadas de los navieros y de los sujetos intervinientes en el tráfico marítimo, sean bancos, agentes marítimos, brokers etc., y con el accionar resultante de las instituciones internacionales, intergubernamentales y priva- das, que a través de convenios y tratados llevan a la uniformidad normativa internacional, incluso de países que no han adherido a ellos. La Argentina participa en estos organismos que establecen normas y recomendaciones inspiradas en determinada política, como es el caso de la O.E.A., la O.M.I., la U.N.C.T.A.D., la O.I.T. y en el plano regional la ALADI, el MERCOSUR, la Hidrovía Paraná-Paraguay, etc.
Se observan en el quehacer de estos organismos siempre, esas notas caracterizantes del Derecho Marítimo y en especial la universalidad, la integralidad, y el acusado sistematismo que exhiben. Como bien lo advierte Bengolea Zapata, en el Derecho Marítimo no hay instituciones ermitañas, carentes de coordinación y armonía con las demás,2 muestra de su reconocido particularismo.3
Por otra parte la política naviera, capítulo del Derecho Marítimo, constituye a su vez una rama de la política económica que decida llevar adelante un país determinado y se supone, en armonía con sus conveniencias, historia, geopolítica, tradiciones, etc., y desarrollada en un nivel grupal. Esta actividad, requiere un mínimo de organización. Y bien, Robinson Crusoe no necesitaba hacer política. La política es una actividad humana de convivencia y coexistencia y a partir de allí, esta realización humana puede tener por fin alcanzar y desenvolver actividades de gobierno, y es así como a la voluntad del gobierno de cada país no escapa la política naviera, como concepción de la política en general, pero siempre —se supone— en procura del bien común a la que pretenda servir, y ubicada lejos de una política puramente sectorial.
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