Reforma agraria de Venezuela de 1963 y 2001 please ayudaa
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Consultor internacional; ex Ministro de Agricultura de Venezuela; ex Presidente del Instituto Agrario Nacional, y Director fundador de la Fundación para la Capacitación e Investigación Aplicada a la Reforma Agraria (CIARA) de Venezuela. Se esbozan en este artículo las causas y condiciones que determinaron los procesos de transformación, y las características y resultados, de las estructuras agrarias de algunos países de América Latina hasta la celebración en 1979 de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR). Se describen a continuación las condiciones agrarias prevalecientes en las últimas décadas en la región y se comentan las principales disposiciones adoptadas por los países para resolver los problemas agrarios. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones sobre las reformas agrarias en vigor, su orientación y las medidas sustitutivas o complementarias que pudieran adoptar los países.
En América Latina, desde los primeros años de la conquista y hasta muy entrado el siglo XX, la posesión o el dominio sobre la tierra estuvieron asociados a la riqueza y al poder[30]. A las extensas posesiones coloniales otorgadas a conquistadores, órdenes religiosas y funcionarios de la Corona se sumaron las tierras dadas como recompensa a oficiales y soldados de ejércitos vencedores de las guerras de independencia. Más tarde, las vicisitudes de la accidentada vida política de los distintos países dieron origen a nuevos grupos de poder y a nuevos terratenientes.
En la primera mitad del siglo XX, en la mayoría de los países de América Latina predominó en las zonas rurales el sistema latifundista con sus medianeros, aparceros o arrendatarios; al margen de los latifundios se encontraban los minifundios familiares.
Además de las grandes extensiones de tierras que se mantenían ociosas y de las tierras dedicadas a la ganadería extensiva, existían desde la época colonial plantaciones de cultivos tropicales de exportación (café, cacao, caña de azúcar), a las que se añadió, en la era republicana, el cultivo del caucho, la extracción de la madera y las plantaciones de algunos frutales. Las empresas extranjeras participaron en la industrialización de los cultivos tradicionales, y manejaron la mayor parte de las actividades comerciales[31]. En el caso de los frutales de exportación, las plantaciones estaban en su casi totalidad controladas por empresas transnacionales. Menor era el número de haciendas ganaderas que pertenecían a empresas extranjeras, pero dichas haciendas eran importantes por su extensión territorial.
En el sector de la pesca, la pesca artesanal terminó siendo desplazada progresivamente por una pesca realizada por grandes flotas, que eran a menudo propiedad de empresarios de países lejanos.
Al igual que en el caso de las plantaciones, se crearon en las zonas rurales de algunos países enclaves de empresas transnacionales que explotaban minerales e hidrocarburos. Estas empresas, además de introducir nuevas prácticas administrativas, influyeron en la creación o en el fortalecimiento de los movimientos sindicales - incluidos los sindicatos agrarios -, y en la formación de las bases de los partidos políticos modernos.
La población rural en los países de América Latina constituía un porcentaje muy elevado de la población nacional total, sobrepasando en muchos casos el 50 por ciento de ésta. El aislamiento, el analfabetismo y las endemias; la carencia de energía eléctrica y de sistemas de abastecimiento de agua potable, y las viviendas rústicas y malsanas eran característicos de las zonas rurales, incluso en los países de mayor desarrollo relativo.
Algunas iniciativas y acciones reformistas se sucedieron en las décadas de 1940 y 1950, pero no fue sino hasta la década de 1960 cuando diversas leyes de reforma agraria fueron promulgadas en toda la región. En Venezuela, tras el derrocamiento de una dictadura militar que había durado diez años, se promulgó, en 1960, la ley agraria. A partir de 1961, se dictaron leyes agrarias en casi todos los países de América Latina gracias al impulso dado por la Conferencia Interamericana de Punta del Este (Uruguay) y al apoyo político y económico prestado por el Gobierno de los Estados Unidos en el marco del programa «Alianza para el Progreso».