Reflexiona: ¿Existirá relación entre los peruanos que decidieron pelear en la batalla de
Arica con la época actual, donde vivimos una emergencia sanitaria? ¿Por qué?
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
El Perú de Toledo nos confrontó los últimos cinco años con un
escenario paradójico, en el que simultáneamente asistimos a
una gran estabilidad macroeconómica, una profunda incapacidad
de la política y un descontento social creciente, en el que
se multiplicaron los reclamos antes que las demandas, que
suponen intereses que pueden ser negociados. El gobierno,
que inició su gestión en medio de las expectativas que generó
la caída del fujimorismo y que, inicialmente, fue un espacio en
disputa por la positiva pluralidad de su composición, terminó
naufragando en su incapacidad para construir una alianza con
la población por su contradictoria pretensión de avanzar en la
democratización de las relaciones entre el Estado y la sociedad
civil, y simultáneamente mantener las orientaciones de la
política económica de su antecesor. Ello se dio a pesar su ofrecimiento
de una política de reactivación basada en el incremento
de la demanda.
Como resultado del divorcio preexistente entre política,
economía y sociedad, que el toledismo fue incapaz de enfrentar,
a lo largo de estos años, los temas de gobernabilidad democrática
y buen gobierno, así como, más profundamente, la
propia sostenibilidad del régimen político, estuvieron en cuestión
desde sus primeros meses del gobierno. La evolución del
índice de popularidad del presidente Toledo grafica, en buena
cuenta, la nueva frustración y el descontento ciudadanos
ante el fracaso gubernamental: el primer año de su gobierno,
cayó del 62 por ciento1 a menos del 20 por ciento; en 2004,
llegó a la cifra ínfima de 8 por ciento;2 y, en el primer semestre
de 2005, se recuperó ligeramente, superando el 30 por ciento.
Estas paradojas, conviene recordarlo, no son exclusivamente
nacionales. Como lo demuestra un informe del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (2004a), toda América
Latina se enfrenta a un escenario de democracias electorales
que parecen consolidarse en medio de una pobreza que crece
en números absolutos y adquiere creciente carácter étnico,3 así
como de niveles de desigualdad que se profundizan, aumentando
la insatisfacción ciudadana con la democracia y la política,
y trayendo consiguientemente un efecto desestabilizador.
Ciertamente, nuestro país muestra particularidades y rasgos
propios, pero se inscribe en este contexto general.
En términos generales, la mayoría de analistas coincide en
que los últimos cinco años estuvieron marcados por una precariedad
institucional y una fuerte inestabilidad política que
contrastaron con el importante dinamismo económico manifestado
en el constante crecimiento, que a lo largo de 56 meses
caracterizó la denominada transición democrática.
Entre 2001 y 2005 hay por lo menos tres factores que marcan
la gestión del gobierno que concluye y que merecen especial
atención, dado que, desde nuestra perspectiva, establecen
las principales tendencias del mediano plazo:
(i) un crecimiento económico de «base estrecha», asociado a
altos niveles de desigualdad e incapaz de responder a las
demandas de empleo;
(ii) una democracia anclada en un sistema político frágil y con
escasa capacidad de representación, que se debilitó aún
más por la inconsistencia del toledismo y por la incapacidad
de autorreforma de los partidos políticos; y
(iii) una fuerte crisis de integración social de raíces seculares,
que alentó una importante conflictividad social manifestada
en distintas protestas, movilizaciones y estallidos sociales
de intensidad variable, que no fueron ni previstos
ni atendidos por el gobierno.
Explicación: