quienes crees que han sido los más afectados en el conflicto colombiano.
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Víctimas
El informe ¡Basta Ya!del Centro de Memoria Histórica, publicado en 2013 señala que entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El número de desaparecidos entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados 27.023 y el de asesinatos 150.000. De esta última cifra el 38,4 por ciento fue responsabilidad de los paramilitares, el 16,8 por ciento de la guerrilla y el 10,1 por ciento de la Fuerza Pública (Centro de Memoria Histórica, 2013).
En la misma línea, el anuario de procesos de paz 2015 de la Escuela de Cultura de Paz apunta que en 40 años de conflicto interno hubo 39.000 colombianos que fueron víctimas de secuestro, con una tasa de impunidad del 92 por ciento. Un 37 por ciento de los secuestros fueron atribuidos a las FARC-EP y un 30 por ciento al ELN. El anuario reporta que según el Uppsala Conflict Data Programme (UCDP) se registra un mínimo de 1.000 muertos anuales relacionados con el combate (Escuela de Cultura de Paz, 2015).
Por otro lado, la organización ACNUR sostiene que desde 1997 se han producido 3,9 millones de desplazamientos forzosos en Colombia (ACNUR, 2013). La sociedad civil ha resultado afectada en su mayoría por el conflicto armado y desde hace muchos años realiza protestas en contra de la violencia ejercida por todos los involucrados en el conflicto. Las comunidades de mujeres, afrodescendientes e indígenas, entre otros, representan un papel crucial en las demandas ciudadanas, desde 1998 (el año en el que se creó el Consejo Nacional de Paz) aportan en el diálogo de paz, dirigiendo sus peticiones tanto a las guerrillas como a los grupos paramilitares y al gobierno.
En cuanto al número de personas desplazadas el informe ¡Basta Ya! reporta 5,7 millones de víctimas entre 1985 y 2012 (Centro de Memoria Histórica, 2013). En 2011, el presidente Santos aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que incluía la restitución de millones de acres a personas desplazadas y la recompensa financiera para víctimas de violaciones de los derechos humanos. Según el informe de Human Rights Watch, este proceso está ralentizado por los grupos sucesores de los paramilitares, quienes continúan creciendo, cometiendo atrocidades generalizadas y manteniendo extensos vínculos con los miembros de las fuerzas de seguridad pública y los grupos políticos locales (Human Rights Watch, 2015).