¿quien propuso la ley agraria y en que consiste?
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Expediente de la Ley Agraria es la denominación de una frustrada iniciativa legislativa de los ilustrados españoles del último tercio del siglo XVIII. Nunca llegó a haber una Ley Agraria con tal denominación.
La libertad de comercio, principio ideológico básico tanto de la fisiocraciacomo del liberalismo económico, había demostrado ser de cuestionable aplicación en el comercio interior, especialmente tras los desastrosos resultados de la eliminación de la tasa de granos en 1765. Las estructuras agrarias, que soportaban un incremento de la producción en respuesta al incremento de la población (que empujaba al alza a los precios), no habían sido reformadas; tampoco se habían creado redes de transporte y de comercialización modernas. que sustituyesen a las tradicionales, cuya base seguía siendo el control de los excedentes por los detentores de las rentas feudales (los privilegiados: nobleza y clero), y que permitían el acaparamiento (la red de pósitosdistaba mucho de ser un instrumento suficiente y eficaz). Tales rigideces, sumadas a la coyuntura desfavorable de una mala cosecha llevaron a los motines de subsistencia denominados de Esquilache en la primavera de 1766.
Independientemente de la gestión política del conflicto (que supuso la salida de Esquilache y la expulsión de los jesuitas -1767-, acusados de atizar la revuelta popular, así como el ascenso de nuevos equipos de gobierno ilustrados), hubo un agudo interés intelectual e institucional, que motivó distintas iniciativas, en forma de encuestas y expedientes, para averiguar las causas de lo que se percibía como una decadencia de la agricultura. El Procurador General del Reino fue encargado en 1766 de recopilar toda la información que se estaba recibiendo. A partir de esa documentación se produjeron dos valiosas publicaciones:[1]
El Memorial ajustado... sobre establecimiento de una Ley Agraria(1784), que recopilaba los expedientes sobre la Mesta, arrendamientos agrarios e informes de los intendentes (uno de ellos Pablo de Olavide) que habían llegado al Consejo de Castilla (principal institución encargada del gobierno interior) desde 1752; y recogía distintas propuestas de solución en la tradicional forma de arbitrios.[2]El Informe... en el Expediente de Ley Agraria (de Jovellanos, 1795) presentado como dictamen de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, institución a la que en 1777 Campomanes mandó remitir el Expediente formado con la documentanción hasta entonces reunida, y de la que el Memorial era un resumen más abordable.
La libertad de comercio, principio ideológico básico tanto de la fisiocraciacomo del liberalismo económico, había demostrado ser de cuestionable aplicación en el comercio interior, especialmente tras los desastrosos resultados de la eliminación de la tasa de granos en 1765. Las estructuras agrarias, que soportaban un incremento de la producción en respuesta al incremento de la población (que empujaba al alza a los precios), no habían sido reformadas; tampoco se habían creado redes de transporte y de comercialización modernas. que sustituyesen a las tradicionales, cuya base seguía siendo el control de los excedentes por los detentores de las rentas feudales (los privilegiados: nobleza y clero), y que permitían el acaparamiento (la red de pósitosdistaba mucho de ser un instrumento suficiente y eficaz). Tales rigideces, sumadas a la coyuntura desfavorable de una mala cosecha llevaron a los motines de subsistencia denominados de Esquilache en la primavera de 1766.
Independientemente de la gestión política del conflicto (que supuso la salida de Esquilache y la expulsión de los jesuitas -1767-, acusados de atizar la revuelta popular, así como el ascenso de nuevos equipos de gobierno ilustrados), hubo un agudo interés intelectual e institucional, que motivó distintas iniciativas, en forma de encuestas y expedientes, para averiguar las causas de lo que se percibía como una decadencia de la agricultura. El Procurador General del Reino fue encargado en 1766 de recopilar toda la información que se estaba recibiendo. A partir de esa documentación se produjeron dos valiosas publicaciones:[1]
El Memorial ajustado... sobre establecimiento de una Ley Agraria(1784), que recopilaba los expedientes sobre la Mesta, arrendamientos agrarios e informes de los intendentes (uno de ellos Pablo de Olavide) que habían llegado al Consejo de Castilla (principal institución encargada del gobierno interior) desde 1752; y recogía distintas propuestas de solución en la tradicional forma de arbitrios.[2]El Informe... en el Expediente de Ley Agraria (de Jovellanos, 1795) presentado como dictamen de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, institución a la que en 1777 Campomanes mandó remitir el Expediente formado con la documentanción hasta entonces reunida, y de la que el Memorial era un resumen más abordable.
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