qué significan los costos personales y sociales de la violencia y el valor de la paz
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De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), analizados por el Observatorio Ciudadano Nuevo León, el pasado mes de mayo registró la cifra más alta de homicidios dolosos en el país desde 1997 (año en que el SESNSP comenzó a recabar las denuncias recibidas en las procuradurías del país). Esto significa que entre los meses de enero a mayo se han registrado un total de 9 mil 916 homicidios dolosos en el país.
Para dimensionar lo anterior, vale la pena dar algunas referencias. Desde que el SESNSP comenzó a contabilizar estas cifras en 1997, 2007 ha sido el año con menor número de denuncias registrado, correspondiente a 10 mil 253 entre los meses de enero a diciembre. Esto implica que entre los primeros 5 meses de 2017 estamos sólo 337 denuncias por debajo de las registradas en los 12 meses de 2007.
Adicionalmente, comparando el número acumulado de denuncias en el periodo enero-mayo de 1997 a la fecha, efectivamente, el récord fue de este año, cuya cifra se ubica por encima de las 9 mil 466 denuncias registradas en el mismo periodo de 2011, uno de los años más violentos para el país.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “el homicidio constituye uno de los indicadores más completos, comparables y precisos para medir la violencia”, pues “su impacto va más allá de la pérdida de vidas humanas y puede generar un entorno de miedo e incertidumbre”[1]. En otras palabras, el índice de homicidios afecta gravemente la percepción ciudadana de inseguridad.
Lo anterior se ve reafirmado en los datos de la ENVIPE 2016[2] donde 59% de los encuestados identificaron a la inseguridad como el tema que les genera la mayor preocupación y 72% señalaron sentirse inseguros en su entidad federativa. 33% percibe que la seguridad en el país seguirá igual de mal, y 38% opina que empeorará.
Si la pérdida de vidas y el daño a la integridad humana no ha sido suficiente para atender con urgencia este problema, los homicidios y la violencia en general propician otros costos que reafirman la importancia de una estrategia integral de seguridad.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo[3] se puede clasificar a los costos de la delincuencia en tres categorías: costos sociales, que incluye todos aquellos derivados de la victimización, la pérdida de la calidad de vida y los ingresos no generados por la población de los centros penitenciarios; costos del sector privado, que incluye en general los gastos en servicios de seguridad para prevenir ser afectados por ciertos delitos; costos incurridos por el gobierno, que engloba el gasto público en el sistema judicial, policías y la administración de los penales.
Si bien es cierto que se han llevado a cabo estrategias para disminuir los índices delictivos, el hecho de que éstos sigan en aumento quiere decir que algo no estamos haciendo bien. De inicio, se sabe que han predominado las estrategias reactivas antes que las preventivas. Esto se demuestra por el simple hecho de que el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) no recibió fondos este año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Como indica Christian Díaz[4], Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano, nuestro miedo a la posibilidad de ser víctimas de hechos violentos facilita el mandato del gobierno, pues aceptamos confiar en su capacidad de devolvernos la seguridad, sin hacer muchos cuestionamientos a su actuar. Las estrategias reactivas prometen resultados inmediatos y giran en torno al uso de la fuerza para disuadir a los delincuentes. Aumentar los militares en las calles o incrementar el número de policías son solo algunos ejemplos.
El mismo autor hace referencia a Carl Schmitt para señalar la capacidad del Estado para definir enemigos o culpables, ante el terror social. Es así que “el Estado crea un discurso que intenta difundir entre la sociedad para legitimar sus acciones valiéndose de la coyuntura que provoca el miedo de la sociedad, un discurso que generalmente llama a la unidad: ‘nosotros contra los malos’ […]”[5]. No obstante, en vez de crear mayor unidad entre la sociedad, “el miedo a la violencia funciona como una especie de anestesia que inmoviliza, desarticula y resquebraja el tejido social”[6].
Podríamos decir entonces que el costo social es una de las consecuencias más graves de la violencia. ¿Qué le espera a una sociedad presa del miedo cuyos ciudadanos se temen unos a otros?
De aquello se deriva la necesidad urgente de implementar una política integral y eficiente de prevención, que privilegie la reconstrucción del tejido social, y que atienda las causas del delito desde la raíz. Por supuesto que las medidas reactivas son importantes, pero no servirán de nada si no van de la mano con una política preventiva, que ataque el delito antes de que se cometa
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