¿Qué instancias son responsables de garantizar los derechos humanos en nuestro país?
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
El desarrollo sin precedentes que han adquirido en la actualidad los derechos humanos en el plano internacional, podría dar lugar al ocultamiento de la exigencia de asegurar su protección en primer lugar en el ámbito nacional, impuesta específicamente a cada Estado. Se constata efectivamente que un verdadero Código Internacional de Derechos Humanos ha sido elaborado, en tanto que una red de órganos se ha puesto en funcionamiento progresivamente en el seno de organizaciones tanto mundiales como regionales. Tal expansión de normas y de procedimientos internacionales1 , puede incitar (a la opinión pública y a los medios de prensa especialmente) a considerar que son la comunidad internacional y las instituciones que ella ha creado, las principales y directamente responsables de la puesta en funcionamiento del respeto a los derechos humanos en todo el mundo. Al punto que hoy escuchamos corrientemente la pregunta "¿pero, que es lo que hace la ONU para garantizar los derechos humanos en tal o cual país?," como si la Organización mundial fuese directamente responsable de los derechos humanos y de las violaciones a los mismos dentro de las fronteras de un Estado.
Ahora bien, es el Estado, a través de sus diferentes instituciones, el primer responsable de la garantía de estos derechos respecto de sus propios ciudadanos y de toda persona sometida a su jurisdicción. Esta responsabilidad se afirma explícitamente en la Carta de Naciones Unidas, en cuyos términos "Todos los miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización" en vista del "respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales"2 .
Los múltiples instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos que desde allí se han adoptado, tanto dentro del marco de las Naciones Unidas y de sus instituciones especializadas, como de las diversas organizaciones regionales, apuntan a definir concretamente los compromisos de cada Estado en instituir los mecanismos de control.
Recientemente, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos ha subrayado en su Declaración y Programa de Ación "la obligación que tienen todos los Estados, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, de desarrollar y de alentar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión"; y el Programa de Acción insiste sobre la responsabilidad primera en materia de derechos humanos, al declarar que "su promoción y su protección incumben primeramente, a los gobiernos"3 . Igualmente, si esta afirmación parece hacer notar lo evidente, sin duda no deviene inútil recordarle a los Estados sus obligaciones en tanto que primeros actores garantes de los derechos humanos, y responsables de las violaciones a los mismos.
Más allá que ella reposa sobre la voluntad política de los gobiernos, la puesta en marcha y la protección de los derechos humanos en el seno de cada Estado depende, inicialmente, de las normas y reglas que fundan y rigen la vida en sociedad. Así lo enuncia la Declaración Universal de los Derechos Humanos "Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos"4 . Esto implica la existencia del "estado de derecho" y la instauración de la "sociedad democrática" a la que se refieren los principales instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos5 .
Es propio, luego, de las instituciones donde se dota al Estado de la facultad de asegurar el respeto de los derechos humanos: las instituciones "clásicas" que ponen de pie los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, e igualmente las instituciones específicas de promoción y de protección que se han desarrollado más recientemente en numerosos países, tales como el Ombudsman y las comisiones nacionales de derechos humanos. En el presente capítulo, después de haber recordado brevemente las condiciones necesarias de la instauración de todo sistema nacional de protección de los derechos humanos, intentaremos ubicar el lugar de las instituciones tradicionalmente encargadas de garantizar estos derechos, para examinar, seguidamente, el rol de las nuevas instituciones creadas específicamente en la materia.
Explicación: