Problema En las oficinas de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, un elevado número de población quechuahablante de la región (164 925) no accede a la justicia porque los procesos se realizan en castellano, lo que constituye una forma de discriminación. Miles de quechuahablantes usuarias y usuarios del sistema judicial se ven con limitaciones porque los procesos jurisdiccionales y administrativos se realizan exclusivamente en castellano, situación que genera desconfianza en la administración de justicia. Solución Se puso en marcha un plan de acción para implementar el servicio de interpretación y/o traducción de lenguas originarias en la prestación del servicio de justicia a nivel regional. Para ello, se ha realizado una convocatoria a todo el personal que conoce el quechua, con el fin de seleccionar a las personas más adecuadas para encargarles la traducción de los documentos oficiales de mayor uso en idioma quechua (Cusco - Collao). Con la implementación de este plan de acción, las personas de habla quechua están siendo atendidas para acceder a la justicia. Reconocimiento positivo a la diversidad cultural La Corte Superior de Justicia de Arequipa, al implementar esta buena práctica, asume el reto de administrar justicia en una sociedad caracterizada por su diversidad cultural y lingüística. Por lo tanto, incluye una mirada que concibe a la región como diversa y valora dicha diversidad, ya que se implementan acciones para promoverla, mediante el reconocimiento del idioma quechua en los procesos jurisdiccionales y administrativos. Resultados Las personas quechuahablantes se han sentido valoradas, incorporadas, escuchadas y atendidas. La institución se ha visto empoderada, ya que la comunidad y los medios de comunicación reconocen esta práctica como positiva, lo que implica el mejoramiento institucional.
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En las oficinas de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, un elevado número
de población quechuahablante de la región (164 925) no accede a la justicia
porque los procesos se realizan en castellano, lo que constituye una forma de
discriminación.
Miles de quechuahablantes usuarias y usuarios del sistema judicial se ven
con limitaciones porque los procesos jurisdiccionales y administrativos se
realizan exclusivamente en castellano, situación que genera desconfianza en
la administración de justicia.
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