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LA JUNTA SUPREMA NACIONAL AMERICANA O JUNTA DE ZITÁCUARO
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Raúl González Lezama
Después de la aprehensión de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Jiménez y otros importantes caudillos, ocurrida en Acatita de Baján y su posterior ejecución en Chihuahua, la lucha por la independencia de la Nueva España parecía haber llegado a un fin prematuro. Para evitar la extinción del movimiento, a instancias de Ignacio López Rayón, una asamblea de generales se reunió el 19 de agosto de 1811 en Zitácuaro. Su intención fue remediar la confusión y desorganización que reinaban en el movimiento insurgente, conducido por caudillos regionales que actuaban con bravura y tenacidad, pero de manera desvinculada.
Para establecer un principio de gobierno, orden y dirección uniforme en la revolución, se acordó erigir una autoridad central, compuesta por tres vocales (con la promesa de ampliarla a cinco). Nació así la Junta Suprema Nacional Americana y su existencia fue dada a conocer por bando el 21 de octubre.
Ernesto de la Torre Villar supone una influencia de la experiencia sudamericana, pues el nombre de la Junta, el número de sus integrantes y sus funciones la asemejan a la constituida en 1809 en Quito, denominada Suprema Junta Gubernativa del Reino de Quito, también en ese sentido, guarda similitud a la Junta Suprema de Caracas de 1810.
Electos por votación, la Junta se integró por Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco y José María Liceaga. Correspondió a Rayón ocupar el cargo de presidente. Tiempo después, los tres vocales invitaron a José Ma. Morelos a participar en el órgano soberano en calidad de cuarto vocal. En ese momento, no se fijó ninguna duración temporal al cargo de vocal, pero siguiendo a los Elementos de Nuestra Constitución, obra de Rayón, se presume que sus miembros permanecerían en el cargo por cinco años, correspondiéndole al más antiguo ocupar la presidencia.
El gobierno militar se distribuyó entre los cuatro vocales, que recibieron el grado de capitanes generales, dividiéndose entre ellos el territorio del país en sendas zonas geográficas, de acuerdo con los puntos cardinales.
La Junta afirmó gobernar en nombre y representación de Fernando VII. Esta declaración fue una medida estratégica, como lo declaró Rayón en una comunicación con Morelos, en la que señala que el empleo de ese nombre había resultado de gran utilidad atrayendo a soldados realistas que se unieron a la insurgencia, así como tranquilizando la conciencia y eliminando los escrúpulos de muchos americanos vacilantes, a los cuales un temor reverencial les impedía abrazar una causa contraria a los derechos del rey de España.
Fue una de sus prioridades de la Junta la creación de un aparato administrativo que cubriera las funciones básicas de gobierno, tales como la administración de justicia y el manejo de los recursos públicos. En la lectura de los ya citados Elementos de Nuestra Constitución, podemos encontrar los principios fundamentales en torno a los cuales se proponían construir un ensayo constitucional: la independencia, la libertad, la justicia y la felicidad.
Antes de la creación de la Junta, la principal preocupación de los insurgentes en materia económica era el acopio de vituallas y dinero para satisfacer las necesidades inmediatas del ejército, actividad en la que con frecuencia se atropellaban los derechos de terceros. Gracias a la relativa estabilidad que proporcionaba una forma de gobierno, se pudo implementar un proyecto regular de acuñación de moneda y establecer los rudimentos de un sistema fiscal, nombrando comisiones con facultades administrativas y militares para la supervisión y verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias, como el pago de alcabalas, los derechos sobre el aguardiente y el pulque y el pago de los diezmos.
Se pretendió someter a los caudillos insurgentes y evitar excesos como el saqueo y el pillaje; para lograrlo, se intentó establecer un sistema de aprovisionamiento y paga de las soldadas de la tropa y se llevó el primer registro formal de aquellos que participaban en el movimiento con alguna clase de mando. Los grados militares eran expedidos y avalados por la Junta, que los registraba, junto con los ascensos, en los libros de la Secretaría.
Los fusilamientos del teniente coronel José Manuel de Céspedes y de otros, realizados en Zitácuaro, tuvieron la finalidad de administrar justicia, pero también como una forma de someter a la autoridad de la Junta a los jefes y caudillos remisos.