porque se asesinan lideres indígenas y sociales en Colombia
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A Felicinda Santamaría la asesinaron en su casa el 3 de julio de 2018. En 2016 la habían nombrado presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Virgen del Carmen, de la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, el más pobre de Colombia. Gerson Acosta Salazar se encontró con la muerte el 19 de abril de 2017 al salir de una reunión con su comunidad en el territorio indígena de Kitek Kiwe del municipio de Timbío, departamento del Cauca, al sur del país. El 2 de mayo de 2018 hombres armados dispararon contra Hugo Albeiro George Pérez en Puerto Valdivia, departamento de Antioquia. Hugo era miembro de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM), fue un arduo defensor de su territorio.
Desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), ahora convertida en partido político, el asesinato de líderes sociales no ha cesado en Colombia. Si bien no existe una cifra confiable de los asesinatos ocurridos desde finales de 2016 hasta este 2019, los números divulgados dan idea de la magnitud y sistematicidad de este asunto: Para 2018, la Defensoría del Pueblo denunció el asesinato de 164 líderes y lideresas sociales, cifra que se suma a los 126 asesinatos de 2017 y a los 133 de 2016, registrados por esta entidad.
Muchos de los líderes y lideresas asesinados en Colombia tenían un liderazgo múltiple, es decir, participaban en varias organizaciones sociales, a la vez que asumían de forma simultánea diversas actividades en su comunidad. Estos líderes también tenían un profundo arraigo local y el liderazgo que ejercían fue determinante para que sus vidas fueran arrancadas de forma violenta.
El grupo de líderes más afectado ha sido el de dignatarios de las Juntas de Acción Comunal (JAC), seguido por los líderes cívico-comunales. Pero el universo de víctimas no acaba allí, los líderes indígenas, afro, los activistas de los derechos de la comunidad LGTBI+, líderes sindicalistas, y los activistas y líderes ambientales también han sido perseguidos, desaparecidos y asesinados.
Si bien en 27 de los 32 departamentos que tiene el país se han presentado estos asesinatos, los departamento más afectados son Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Córdoba, Putumayo, Nariño y Chocó. En el caso de los asesinados cometidos a lideresas, por lo menos en el 18,4% de estos casos, se cometieron actos de sevicia sobre sus cuerpos y violencia sexual, según revela el informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo.
En la mayoría de los asesinatos de líderes sociales se desconoce la autoría. En aquellos casos en los que se presume el autor encontramos un conjunto variado de victimarios: grupos paramilitares, el ELN, el EPL, disidentes de las FARC-EP, grupos de seguridad privada y la fuerza pública.
Otro hallazgo del informe citado es que existe a su vez una alta correlación entre los municipios en los que ganó el “Sí a la paz”, durante el plebiscito celebrado en octubre de 2016 para avalar los acuerdos de paz con las FARC-EP, con los municipios más afectados con violaciones al derecho a la vida, con excepción de las ciudades de Medellín y Cúcuta (capital del departamento de Norte de Santander).
A propósito de esta situación, entrevistamos a Camilo Bonilla, coordinador de ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo. En la elaboración del informe participaron 11 organizaciones, entre las que se encuentran el Movimiento Ríos Vivos, la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), la Confederación Nacional de Acción Comunal, el Programa Somos Defensores y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ