¿Porque la ley argentina les había prometido estas ventajas a los inmigrantes?
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La ley de Inmigración y Colonización del presidente Nicolás Avellaneda
Por Juan Pablo Bustos Thames
Nicolás Avellaneda fue el presidente más joven de la Argentina. Inauguró y finalizó su mandato con sendas revoluciones, que se le oponían; tanto a su asunción, como a una de sus decisiones más sabias y polémicas: la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Su gestión se caracterizó por una serie de medidas y decisiones trascendentes, que contribuirían a forjar la Argentina moderna. Entre ellas, se destacan: el notable impulso a la educación, la ampliación de las fronteras del país, con la incorporación de la Patagonia oriental y el Chaco austral a la soberanía argentina, la implantación de un plan de austeridad en las finanzas públicas, la extensión de las líneas férreas, y el impulso a la actividad económica privada, sobre todo en materia de exportación de cereales y la implantación de los primeros frigoríficos. Pero Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda será recordado sobre todo por la Ley de Inmigración y Colonización (Nº 817), que promulgó bajo su mandato, el 19 de octubre de 1876.
El presidente había nacido el 3 de octubre de 1837 en San Miguel de Tucumán. Cuando tenía apenas cuatro años de edad, su padre, Marco Avellaneda fue ejecutado en Metán por órdenes del general federal oriental Manuel Oribe, quien seguía instrucciones de su jefe, don Juan Manuel de Rosas. La ejecución de Marco, líder y alma de la Coalición del Norte que se había armado contra el dictador porteño (y que aspiraba a organizar el país bajo el dictado de una constitución democrática), fue cruel y atroz. Fue decapitado, y su cuerpo desmembrado a la vista de todos; siendo su cabeza exhibida en una pica durante varios días, en 1841, en la actual Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán.
Sin odios
Pese a esa traumática experiencia, el joven Nicolás pudo superar el trance; y lejos de exteriorizar, durante su vida, un espíritu revanchista o resentido contra los antiguos rosistas, fue siempre leal, tolerante, magnánimo y respetuoso de todos, aun de sus más acérrimos opositores. En 1868, cuando tenía 31 años, Domingo Faustino Sarmiento lo designó ministro de Justicia e Instrucción Pública. Avellaneda fue el principal impulsor y ejecutor del plan sarmientino de educación; por el cual todos hoy recordamos al presidente sanjuanino. Fue tan exitosa su gestión, que desde allí se catapultó directamente a la Presidencia de la Nación, apoyado por el propio mandatario saliente.
En 1874, Nicolás Avellaneda asumió la Presidencia a los 37 años. Todo un récord, hasta el día de hoy. A poco de asumir, los seguidores de su adversario en las urnas, Bartolomé Mitre, se levantaron en armas. Avellaneda sofocó esa sublevación a los pocos meses y con bastante benevolencia.
El siguiente problema que le tocó al joven mandatario fue una importante crisis económica, que conjuró instaurando un duro plan de ajuste fiscal, que incluyó el despido de 600 empleados públicos; oportunidad en la que él mismo dio ejemplos públicos de austeridad. A los pocos meses, apareció, por primera vez, en la historia, el campo argentino, para salvar la situación económica del país. La producción cerealera, la incipiente industria frigorífica y los buenos precios internacionales, sumados al plan de austeridad pública, sacaron rápidamente al país de la crisis.
El presidente podía al fin ocuparse de las cuestiones importantes. Avellaneda era consciente de que la Argentina tenía un extenso territorio, con un grave déficit poblacional. En consecuencia decidió cumplir con el mandato de la Constitución de 1853, cuyo antiguo Art. 25 disponía que “el gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar la industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.
Crear riqueza
A tal fin, Avellaneda envió al Congreso su proyecto de ley de “Inmigración y Colonización”, en la que sostenía como cuestión de Estado el poblamiento del territorio nacional; acción que sería el germen de la actual conformación social de nuestro país, donde casi todos descendemos de inmigrantes. Se trataba de un vieja preocupación, ya verbalizada por la Primera Junta de Gobierno en 1810.