¿Por qué obligar a la autoridad a abrirse a la inspección pública previene actos de colusión, nepotismo o enriquecimiento ilícito?
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Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos
Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º.- La finalidad de la presente ley es la de prevenir y
sancionar el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, con el
propósito de garantizar el ejercicio honrado y decoroso de la función
pública.
Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley, se considerarán
servidores públicos las personas que presten servicios a la
Administración Pública o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su
organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con
entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado,
permanente o público de la actividad respectiva.
Asimismo, serán considerados servidores públicos, también para los
efectos de esta ley, las personas que en interés o por nombramiento del
Estado, sus instituciones y empresas, desempeñen funciones en actividades
y compañías que correspondan a la actividad de derecho privado de la
administración.
Para este efecto, considéranse equivalentes los términos "servidor
público", "empleado público", "funcionario público" y demás
denominaciones afines o similares.
Artículo 3º.- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a
los servidores públicos, aun cuando los actos que den lugar a ello se
hayan cometido o intentado cometer en el extranjero, sin perjuicio de las
normas sobre extraterritoriedad contenidas en el Código Penal.
Quedan a salvo las prerrogativas e inmunidades que la Constitución
Política otorga a los miembros de los supremos poderes. La Asamblea
Legislativa admitirá o no las acusaciones que se interpongan contra
ellos, de conformidad con el inciso 9) del artículo 121 de la
Constitución Política.
Artículo 4º.- En ningún caso se tendrá por enriquecimiento ilícito
el simple aumento del valor de los bienes oportunamente declarados e
inscritos, ni la mejora de los mismos por la incorporación del esfuerzo y
trabajo del propietario o de sus rentas y productos conocidos.
Todos los miembros de los supremos poderes, excepto del poder
Legislativo, estarán obligados a declarar sus bienes, al iniciar el
ejercicio de sus cargos y al cesar en ellos. La ley establecerá las
condiciones, métodos y procedimientos que garanticen el pleno ejercicio
de las funciones y responsabilidades que la Constitución le confiere a la
Asamblea Legislativa y a los diputados.
Artículo 5º.- El resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados
por el hecho ilícito del servidor público, de sus coautores, cómplices e
instigadores, deberá obligatoriamente ser intentado por la Procuraduría
General de la República o, en su caso, por el ente respectivo.
Artículo 6º.- El delito de enriquecimiento ilícito de los servidores
públicos en el ejercicio de su cargo, producirá la pérdida, en favor del
Estado, del ente respectivo o del particular, de los objetos o valores
provenientes de su realización, o que constituyan para el agente un
provecho derivado del mismo delito.
Se autoriza a los entes públicos para donar, a las municipalidades
de los cantones donde se encuentren ubicados o localizados, bienes
requisados que hayan pasado a su propiedad conforme lo indica este
artículo, para que puedan ser usados en obras de bien común o de
beneficencia pública.
CAPITULO II
Del registro de declaraciones de bienes
Artículo 7º.- La Contraloría General de la República establecerá un
registro de declaraciones juradas de bienes de los servidores públicos,
en el cual deberá constar la declaración jurada de los bienes, renta y
derechos de los funcionarios y empleados que la Constitución Política,
las leyes y el ente contralor determinen como obligados a ello, conforme
lo disponga el reglamento que la Contraloría deberá dictar al efecto(*).
Para los fines de este artículo, el ente contralor proveerá a los
servidores obligados a declarar de las fórmulas de declaración de bienes,
tanto iniciales como anuales, las que tendrán el carácter de declaración
jurada para todos los efectos legales.
( NOTA: El Reglamento a la presente ley, emitido por la Contraloría
General de la República el 8 de octubre de 1983, fue anulado por la Sala
Constitucional mediante Resolución Nº 2934-93 de las 15:27 horas del 22
de junio de 1993. El Reglamento vigente lo es el contenido en el Decreto
Ejecutivo Nº 24885 de 4 de diciembre de 1995, publicado en "La Gaceta" Nº
23 del 1º de febrero de 1996)
Explicación:
asi dise la ley entra a un resumidor y lo encontraras resumido
Obligar a la autoridad a abrirse a la inspección pública es una forma de controlar a la autoridad y sus acciones y es por ello que a partir de esto se previenen actos de colusión, nepotismo o enriquecimiento ilícito.
Cuando una autoridad se abre a la inspección pública es como si estuviera constantemente en auditoría y con esto se evitan muchos procesos ilegales.
¿Por qué es importante auditar o inspeccionar a las autoridades?
Es fundamental realizar auditorías constantemente para asegurarse que las autoridades realicen sus funciones de manera adecuada, correcta y efectiva.
Asimismo, se busca evitar cualquier proceso ilícito.
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