por que desde la colonia se a desconocido la cultura de la población afrocolombiana
Por favor ayudenme.
A la mejor respuesta le doy corona
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no lo cep
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Respuesta:espero que te sirva de ayuda.
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El debate público en torno de las minorías étnicas en Colombia se reanudó recientemente a partir de la evolución jurídica y política importante marcada por la nueva Carta Magna del país (1991). Con el reconocimiento del carácter pluriétnico y cultural de la sociedad y la institucionalización del multiculturalismo en la constitución de la ciudadanía, Colombia, como muchos otros países latinoamericanos, intenta redefinir por completo el espacio y la condición de las poblaciones indígenas y afroamericanas en la sociedad mestiza.. En este contexto, el presente trabajo pone en evidencia la importancia del factor migratorio y de la urbanización masiva de la población afrocolombiana, en las dinámicas de construcción de nuevas 'identidades étnicas' y de reivindicación ciudadana, y en su diferenciación según los contextos locales y regionales. Aprovechando dos fuentes estadísticas -el censo de 1993, para la región del Pacífico, y una encuesta demográfica realizado en Cali en 1998-, las cuales se analizaron por medio de regresiones logísticas, así como datos cualitativos socioantropológicos, se llevó a cabo la interpretación sociológica de las determinaciones recíprocas entre el contexto territorial, económico y social en el cual se encuentra esta población, y los niveles y modalidades de la auto afirmación de una 'identidad afrocolombiana'. La conclusión principal es que las formas de afirmación de identidad son radicalmente diferentes para la población de la región pacífica y la población de Cali. Se trata en el primer caso de una reivindicación étnico territorial, mientras en el segundo, lo que está en juego es el acceso en igualdad de oportunidades a los mercados residenciales y laborales, y la denuncia de la discriminación socioracial. A la luz de estos resultados, el problema de la adecuación del marco jurídico de la Ley 70 con las necesidades y aspiraciones a la integración ciudadana de la población afrocolombiana, se coloca en nuevos términos, particularmente en la sociedad urbana.
La nueva Constitución de Colombia (1991) reconoce en su preámbulo el carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad y, con varias disposiciones jurídicas concretas, institucionaliza el multiculturalismo en las relaciones Estado-ciudadanos y hasta en el fundamento de la ciudadanía. En este contexto, el caso de la población afro-descendiente es, a la vez, particularmente significativo y problemático. Significativo, en primer lugar, debido a su importancia demográfica que, según varias fuentes estadísticas recientes, se sitúa en aproximadamente 20% y 22% de la población total del país, lo que equivale entre 8,6 y 9,5 millones de personas.1 Significativo también porque la cuestión de su condición social actual, aún marcada por las herencias de la esclavitud y de la sociedad colonial (exclusión territorial, marginalización social, económica y política), vuelve a surgir en primer plano del debate democrático, en términos bastante renovados por los avances constitucionales. Problemático, en segundo lugar, pues la "invisibilidad histórica" de la población negra en Colombia, combatida por los pioneros de los estudios afrocolombianos y sus sucesores (De Friedemann, Arocha, para citar algunos de los más sobresalientes), dio lugar a una producción científica caracterizada, hasta hace muy poco, por el indigenismo, el ruralismo y un cierto culturalismo, de la cual se aprecia, con el tiempo, toda la influencia que ejerció en las decisiones del legislador, pero que se revela insuficiente para entender la totalidad de las implicaciones contemporáneas.2 Así, la nueva movilización social y política de las poblaciones afrocolombianas,3 que se produce en un contexto geográfico, económico y social profundamente modificado por la rápida integración de los "territorios tradicionales" afrocolombianos a la economía global y por la urbanización masiva de estas poblaciones, se fundamenta en dos reivindicaciones, las cuales conllevan cierta tensión: por una parte, el respeto de una especificidad ecológica, económica y cultural, y de otra, el derecho de acceso, en igualdad de oportunidades, a los distintos mercados (vivienda, educación, trabajo, consumo, etc.). En el estado actual, la Ley privilegia claramente el primero de estos dos derechos.