legado de Antonio Guzman Blanco
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Es tradicionalmente considerado, en la historiografía venezolana, como el más notorio ejemplo del autócrata Ilustrado en el país. [2] Fue un gobernante efectivo que promovió el progreso de Venezuela en materia económica, educativa y política pero fue personalista y despótico en el ejercicio del poder. Su permanencia como presidente del país durante tres períodos que suman casi 14 años se complementó con 6 años de "gobiernos títeres" con figuras como Francisco Linares Alcántara (1877-1878), José Gregorio Valera (1878), Joaquín Crespo (1884-1886) y Hermógenes López (1887-1888), todos partidarios del «guzmancismo». Estas dos décadas son conocidas en la historia de Venezuela como el «guzmanato» o «hegemonía guzmancista».[3]
Su período al frente del país se caracterizó por numerosos avances en la economía y por un marcado proceso de centralización política, con el gobierno central y el propio Guzmán Blanco adquiriendo más peso que los caudillos regionales que hasta el momento habían sido los principales factores de poder en el país. El punto culminante de esta política centralizadora ocurrió durante su segundo gobierno, cuando introdujo la Constitución de 1881. La misma reorganizaba territorialmente a Venezuela reduciendo la cantidad de estados, acortaba el período presidencial a 2 años y establecía a un Consejo Federal, que seleccionaba al presidente y agrupaba a las principales figuras del país en una misma entidad.
Bajo su férula la política exterior de Venezuela se tornó más asertiva y desafiante, con conflictos con Colombia y los Países Bajos por un lado, mientras que por otro se produjeron acercamientos a países como Francia, Alemania y Estados Unidos. Famosos fueron sus desencuentros con la jerarquía de la Iglesia Católica en Venezuela durante su primer gobierno, lo que condujo a la confiscación de buena parte de sus propiedades y a la expulsión o disolución de varias órdenes religiosas. También fue bajo su mandato que se medidas como la introducción del bolívar como moneda única del país, la inauguración del ferrocarril Caracas-La Guaira (1883); la instalación de la Academia Venezolana de la Lengua (1883); y la introducción del servicio telefónico en la línea Caracas-La Guaira así como la extensión de las líneas telegráficas. Otras grandes obras de sus gobiernos fueron la construcción del Palacio Federal Legislativo en 1873 y el Teatro Municipal de Caracas en 1881.
Perteneció a la corriente denominada «Liberalismo Amarillo»,[4] la cual él mismo desencadena y consolida a lo largo de su hegemonía y que le permitió extender sus influencias políticas hasta los últimos gobiernos pertenecientes a la misma, como lo fueron los de: Joaquín Crespo (quien lo sucedió como caudillo principal del país), Juan Pablo Rojas Paúl, Raimundo Andueza Palacio, e Ignacio Andrade.[5] Esta corriente política no se extinguiría sino hasta la caída de este último en 1899, a causa de la Revolución Liberal Restauradora.
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De la megalomanía de Antonio Guzmán Blanco no queda mayor cosa. Los restos de sus estatuas son latón oxidado y piezas de museo. Los estados con su nombre también fueron renombrados. Y aunque todavía se preservan algunas obras de su tiempo, un país no se construye sólo con cemento. Por eso, ante las penurias de una época, la educación pública, gratuita y obligatoria se hizo camino entre las guerras civiles, revoluciones y montoneras.
31 de enero de 1873. Han transcurrido 2 años y 9 meses desde la Revolución de Abril que llevó a Antonio Guzmán Blanco a la presidencia provisional. Ante la sesión efectuada en el Palacio de las Academias, el ministro de fomento Martín J. Sanabria lee la memoria y cuenta de su gestión: “Las naciones no necesitan como condición indispensable para llenar un objeto, de que todos los miembros sean sabios, pero sí de que posean la instrucción necesaria para conocer sus derechos y deberes. De aquí se sigue que el Estado debe proporcionar directa o indirectamente la instrucción elemental a todos los asociados, como el medio más eficaz para moralizar las costumbres, fomentar la riqueza y formar la conciencia”. Vientos de civilización soplan en el país, son los tiempos del guzmancismo.
Desde el 27 de junio de 1870, Venezuela cuenta de manera oficial con escuelas públicas, gratuitas y obligatorias, un hecho que había sido anunciado por el jefe de la revolución, días antes, cuando le advirtió al Congreso reunido en Valencia su decreto sobre “la creación de una renta para la instrucción primaria popular, y creación de juntas nacionales y locales que organicen y presidan la instrucción popular, y recauden y apliquen la renta a ella dedicada”. La instrucción pública fue el esplendor del liberalismo amarillo, tan siquiera opacado por las carestías hacia los límites del poder, el castigo que recibía la disidencia y la oposición, y el estrambótico culto a la personalidad del Ilustre Americano que, a diferencia de la educación pública, desaparecía durante sus acostumbradas escapadas a Europa.
¡Mueran los que sepan leer y escribir!
Aunque hubo esfuerzos similares antes del decreto de 1870, ese año marcó un antes y un después en la educación venezolana. “La legislación educativa es una pieza fundamental para la formación de la ciudadanía republicana desde los inicios de la independencia”, cuenta la historiadora María Elena González Deluca, y también destaca que desde 1811, la educación figura como una exigencia en los debates constitucionales y en las mismas cartas magnas. En 1826 se sanciona la Ley de Instrucción Pública, con el objetivo de crear un sistema educativo nacional; y en 1838, terminada la guerra y la disolución colombiana, se establece la Dirección General de Instrucción Pública, con José María Vargas a la cabeza.
El Código de Instrucción Pública de 1843 buscó sumar otro esfuerzo, al pretender acabar con la dispersión educativa pero no lo consiguió. Venezuela era el país archipiélago, como lo define Elías Pino Iturrieta: un conjunto de islas dispersas, sin control central que sucumben ante la preeminencia de un hombre. “Era un sistema educativo inconexo, no había una normativa general, sino que cada provincia establecía la suya, y esta situación cambia el 27 de junio de 1870”, indica Tulio Ramírez, sociólogo y especialista en educación. Ante la calma que precede a la tempestad, en este caso signada por la Guerra Federal y la consigna “¡Mueran los blancos! ¡Mueran los que sepan leer y escribir!” que gritaban los alzados liberales, al mando de Ezequiel Zamora, el deseo de construir una sociedad culta no prosperó.
El fin del conflicto y el triunfo de los federales hicieron que la educación estuviera dentro del nuevo programa liberal a implantarse. El Decreto de Garantías de 1863 consagró la educación como uno de los derechos ciudadanos y lo mismo hizo la Constitución de 1864. El espíritu civilista de Juan Crisóstomo Falcón, aunque débil ante los avatares de su tiempo, siguió su marcha, hasta la llegada del septenio guzmancista en abril de 1870 que decidió decretar el carácter público, gratuito y obligatorio de la instrucción. El Estado se reservaba la tarea de velar por la formación ciudadana. Atrás quedaba la autonomía provincial que decidía sobre la legislación educativa, ahora era una política del nuevo Estado nacional.