Lectura sobre la Democracia en Colombia
Que sea largo
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Respuesta:
La democracia colombiana continúa teniendo serios problemas de credibilidad. Se entiende por “democracia” al sistema en que los ciudadanos pueden acudir a elecciones regulares, justas, limpias y transparentes a manifestar sus preferencias políticas y con ellas a elegir a mandatarios que deberán desempeñar misiones de dirección y coordinación social. Para que exista una verdadera democracia se requiere, primero, que las elecciones como tales sean limpias. Pero esta condición ni basta ni es la más importante: se requiere, además, que los partidos políticos que se presentan a esas elecciones sean también limpios y transparentes de manera que los ciudadanos puedan confiar en que su comportamiento será honorable en todas sus actividades institucionales y no solamente en su comportamiento electoral. La “justicia electoral” colombiana actualmente existente se concentra de manera desmedida (y poco eficiente) en problemas que afectan exclusivamente al evento electoral. Los procesos electorales son todos “individuales” en el sentido de que es posible que alguien gane o pierda la curul, pero sin llegar nunca al análisis institucional del comportamiento y de las responsabilidades del partido. Como consecuencia de esto, los partidos políticos no tienen una vigilancia imparcial y responsable que los ronde adecuadamente. No cuentan, pues, con incentivos para comportarse de manera honorable y limpia a lo largo del proceso democrático. Necesitamos pasar de una justicia electoral muy imperfecta (como la que tenemos hoy) a una verdadera “justicia para la democracia”.
Los partidos políticos se construyen para influir en la opinión pública y para ganar elecciones. Este comportamiento competitivo es deseable, pero debe enmarcarse en estrictos límites legales y éticos para darle contenido real a la idea de democracia. Cuando los partidos no tienen límites y responsabilidades, cuando el objetivo de ganar el poder político se impone brutalmente, la democracia deja de ser un sistema de tramitación pacífica de las controversias sociales agregadas y se convierte, en su lugar, en generadora de violencia y fundamentalismo. La experiencia constitucional colombiana es suficientemente diciente al respecto.
Existen tres grandes tipos de problemas graves que exhiben los partidos políticos contemporáneos y que una justicia para la democracia debería poder descubrir y atacar: en primer lugar, los partidos están dispuestos a violar la ley para financiar sus campañas, especialmente cuando las leyes imponen restricciones a las mismas en aras de ampliar la equidad y la participación de todos los ciudadanos y no solamente de aquellos que tienen un músculo financiero fuerte; en segundo lugar, se requiere que los partidos políticos crean en serio en la democracia y que no se constituyan tan sólo en fachadas políticas de movimientos armados que están dispuestos a todo por conseguir el poder; finalmente, se requiere que los partidos, como instituciones, se comporten honorablemente en el proceso electoral, de manera que los ciudadanos puedan expresar sin distorsiones ni manipulaciones sus preferencias políticas.
Mientras que la justicia electoral tradicional no hace mucho para solucionar estos problemas estructurales, es posible que una “justicia para la democracia” sí pueda hacerlo: se trata de organismos (organizados como Cortes Constitucionales o electorales, o Institutos administrativos en materia electoral) que cuentan con mecanismos precisos de acompañamiento a los partidos y que están dispuestos, de manera independiente y creíble, a sancionar a los mismos cuando transgreden las normas fundamentales de la democracia. La experiencia comparada muestra, a manera de ejemplos, la actuación de una “justicia para la democracia” que pretende mejorar el comportamiento y la responsabilidad institucional de los partidos.
Así las cosas, por ejemplo, las normas de financiación de partidos siguen siendo un hazmerreír en Colombia. En México, en cambio, el IFE y el Tribunal Federal Electoral investigaron e impusieron multas cuantiosas al PAN y al PRI por la financiación ilegal de sus campañas mediante recursos del erario púbico (el llamado Pemexgate) y mediante la aportación oculta y por encima de los topes legales (en el caso de los “Amigos de Fox”).
Estas nuevas formas de justicia electoral igualmente se han adentrado en la vigilancia del compromiso con la democracia de los partidos políticos: recuérdese la proscripción que hizo la justicia española en el 2003 de Batasuna por sus vínculos con ETA. En tal caso se le reprochó al partido político, fundado en 1930, la integración político-militar con una organización que, finalmente, descreía de las reglas del juego democrático.
Explicación:
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