las violaciones de los derechos humanos
cometidas en la dictadura del cono sur y de los gobiernos dictatoriales locales.
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
La década de 1970 y parte importante de la década de 1980, encontraron a los países del Cono Sur de América Latina[1] gobernados por dictaduras cívico-militares que inspiradas en la “doctrina de la seguridad nacional” implementaron planes sistemáticos de violación de los derechos humanos dirigidos a borrar todo atisbo de oposición a sus prácticas autoritarias y a la imposición de sus modelos políticos y socio-económicos.
“Exilio” es el término usado para referirse al desplazamiento forzoso que miles de refugiados latinoamericanos debieron emprender hacia países de la región y otras partes del mundo, aunque no existen cifras estadísticas precisas y definitivas sobre el número de personas exiliadas como consecuencia de las acciones represivas de los gobiernos autoritarios
El desplazamiento forzado no sólo devino una consecuencia del accionar represivo, sino que llegó en algunos casos a formar parte de las estrategias represivas implementadas por las dictaduras. Por ejemplo, en Chile, la Dictadura Militar encabezada por Augusto Pinochet se valió de distintas normas legales de facto para forzar el desplazamiento de opositores y redibujar así el mapa político del país. En noviembre de 1973, se adoptó un Decreto que confería a la dictadura discrecionalidad para expulsar a ciudadanos que permitió que los detenidos que aún no habían sido condenados pidieran la libertad a condición de ser expulsados. Un Decreto Ley de 1974 otorgaría a la dictadura la facultad de rechazar el reingreso al territorio de ciudadanos chilenos. En aplicación de estos decretos, miles de chilenos fueron forzados abandonar su país e impedidos de regresar.
Explicación:
Los procesos de justicia transicional en la región han jugado y continúan jugando hoy un papel determinante para reforzar la democracia y prevenir la repetición de las violaciones de derechos humanos cometidas en periodos dictatoriales. Exponer el desplazamiento forzado como un abuso a los derechos humanos y reconocer la responsabilidad estatal constituyen pasos importantes en la prevención del desplazamiento forzado. Sin embargo, se evidencian todavía importantes dificultades en asegurar a las personas que padecieron el exilio una reparación adecuada e integral por el daño que les fue causado. Por último, resta todavía evaluar las estrategias legales conducentes a que se reconozca el desplazamiento forzado de población como uno de los abusos por los cuales los responsables deben responder ante la ley.