las causas del estallido social y la renuncia de alfonsin
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La noche del 12 de junio de 1989, el presidente Raúl Alfonsín anunció que había “resuelto resignar, a partir del 30 de junio de 1989, el cargo de presidente de la nación argentina”. Se trataba de una renuncia anticipada de un mandato que, constitucionalmente, debía terminar el 10 de diciembre de ese año. Pero la palabra “resignar” tenía una carga más pesada que “renunciar”: la resignación es un estado emocional en el que se acepta la imposibilidad de luchar contra determinadas adversidades. Alfonsín sentía que no había soluciones para los problemas que aquejaban al gobierno desde hacía meses. ¿Cuáles eran esas adversidades que llevaron a Alfonsín a desistir de continuar peleando en la tormenta?
A finales de 1985 el panorama del gobierno parecía prometedor: se había condenado a las Juntas Militares y se había logrado una incipiente estabilización económica. Sin embargo, hacia 1986 aparecieron los primeros nubarrones que se materializaron en las pujas distributivas por el aumento de precios y salarios. En una entrevista para el podcast Hay que pasar el invierno, José Luis Machinea, integrante del equipo económico del ministro Juan Sourrouille, recuerda la siguiente anécdota: “Ubaldini, el secretario general de la CGT, tenía mucho poder por la ausencia de un liderazgo dentro del peronismo. Hizo 14 huelgas generales en tres años (…) Un día Ubaldini estaba discutiendo con Juan el aumento de salarios, quien le dice que es imposible darles el aumento que querían porque iba a trasladarse a precios. Frente a eso Ubaldini le respondió: ‘Mirá, Juan, vos ocupate de los precios que de los salarios me ocupo yo’”. Pese al éxito inicial, poco a poco la economía empezó a deteriorarse y ya para 1987, la inflación ascendió a 131%.
En el frente militar, la situación también se agravó en 1987. Luego del Juicio a las Juntas, los tribunales comenzaron a citar y procesar militares de rangos medios y bajos. Para aplacar el descontento creciente en los cuarteles, se dictó la Ley de Punto Final que establecía un plazo de 60 días para la citación y el procesamiento a militares. La ley generó el efecto contrario: entre enero y febrero de 1987 se procesaron a más de 300 oficiales. Las tensiones en el ejército derivaron en los levantamientos carapintadas del 14 de abril de 1987, que a su vez desembocaron en la movilización de una multitud en defensa de la democracia.