La Historia del teléfono como tecnología de Información y Comunicación en la República Bolivariana de Venezuela
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Explicación:
En los primeros años del siglo XXI, los países de América Latina han requerido construir nuevas políticas públicas que impulsen las telecomunicaciones. En medio de un modelo que se fortalece alrededor de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), esta experiencia tiene como base importante, cada vez más, acuerdos negociados entre los diversos sectores de la sociedad, cuyas relaciones demandan confianza como valor indispensable para regular los nuevos escenarios. En este contexto, se resumen las transformaciones experimentadas en Venezuela en el marco institucional y jurídico de políticas públicas en el tema de las telecomunicaciones, durante un período en el cual el Estado establece cambios estratégicos en torno al manejo de la información
Ante esta fusión de la tecnología y la industria en el ámbito de Internet, los gobiernos encargados de decidir las políticas y de regular la industria deben comprender este hecho y adaptar la formulación de sus políticas. Por ejemplo, no tiene sentido regular las radiodifusiones tradicionales de la manera usual si están siendo reemplazadas por las transmisiones por Internet en las que se sigue un conjunto de normas distintas. Los reglamentos tradicionales que incluyen anchos de banda restringidos y enormes costos de inversión no pueden aplicarse a las nuevas modalidades de transmisión que requieren un desembolso de capital relativamente pequeño, son de alcance mundial y están a disposición de cualquier persona (Documento en web).
Cada país de América Latina ha venido desarrollando su marco de regulación e impulso de las TIC durante este período. Asuntos en los que cabe la necesaria negociación entre el sector privado y el Estado, han tenido avances diversos que indican, en el fondo, la capacidad natural que tiene cada país para administrar los intereses económicos y fortalecer un sector como el de las TIC; por ejemplo, la tendencia o no a la monopolización de los servicios genera historias distintas durante esta década que ya casi termina. Por su lado, los proyectos nacionales de consolidación o transformación política influyen en la manera como se desenvuelve cada plataforma institucional y jurídica disponible para las TIC, y aquí las negociaciones involucran el consenso en el proyecto de sociedad que promueva el Estado alrededor del engranaje de comunicación en cada país.
2. Venezuela: ¿sociedad del conocimiento & nuevo modelo político?
Venezuela inicia el siglo XXI marcada por el sello de prioridad que le confiere América Latina al sector ciencia y tecnología. En 1999, por primera vez el tema adquiere rango constitucional; el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada ese año anuncia: “El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía”.
Como siguiente paso, se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo rol inicial fue reestructurar las instituciones existentes que fueron agrupándose alrededor de esta nueva figura, impulsar un marco jurídico apropiado y convocar a los distintos sectores de la sociedad
En el año 2000 se aprueba la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, cuyo contenido pasaría pertinentemente a sustituir el Reglamento de Telecomunicaciones del año 1940; con más de sesenta años de promulgado, este instrumento legal -el único que reglamentó el sector durante la segunda mitad del siglo XX- distaba mucho de la nueva realidad en el tema.