¿la constitución de 1991 cambio la forma de pensar en colombia?
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La Constitución de 1991 buscó fortalecer el Estado, el Gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía para responder a las gravísimas amenazas de los grupos armados ilegales y la parálisis institucional. El texto constitucional se acomodaba a las corrientes de pensamiento de la posguerra fría. Así se preparó el camino para el nuevo modelo económico y político que, en un contexto globalizado, entró –con algunos matices– en vigor.
El solo mandato jurídico no era suficiente. Las nuevas reglas de juego contemplaban mecanismos más flexibles de reforma, que les iban a permitir a los cinco presidentes que han gobernado desde entonces introducir modificaciones de mayor o menor calado. Se trata de una Constitución viva, producto de una construcción histórica que sigue su curso. El espíritu del 91 sigue vigente. Ha inspirado casi todas las reformas y encuentra en la Corte Constitucional un guardián iluminado.
El Estado fue fortalecido con instituciones como la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República, las comisiones regulatorias, la independencia de los organismos de control, la independencia de poderes estratégicos como el de la televisión o el Consejo Electoral. Estas instituciones generaron el ambiente de confianza que ha favorecido la inversión.
La administración de justicia es otra dimensión esencial del fortalecimiento del Estado. Es un tema controvertido. Aspectos fundamentales como la formación de jueces y abogados, mecanismos disciplinarios y otros no han logrado cabal cumplimiento. Las innovaciones más significativas de la Carta del 91 fueron la Corte Constitucional, cuyo prestigio hace honor a nuestra tradición jurídica; la Fiscalía General de la Nación, que, con asistencia técnica y financiera internacional, ha ido perfeccionando los sistemas de investigación criminal, y el Consejo Superior de la Judicatura, todavía muy controvertido en su concepción y en sus ejecuciones.
El gobierno fue fortalecido en la medida en que se de-sembarazó de tareas que no realizaba bien y así pudo concentrarse en la modernización de la Fuerza Pública y en la formulación y ejecución de políticas públicas de más largo aliento, principalmente en los sectores sociales.
Los derechos fundamentales pasaron a ser realidad. La tutela y las acciones populares facilitaron este proceso. La Corte Constitucional, en sentencias históricas –mínimo vital, derechos sociales, diversidad étnica, derechos de las mujeres, desplazados, salud, etcétera–, le mostró a los ciudadanos que la igualdad de derecho se estaba convirtiendo en una igualdad en los hechos. Paradójicamente, las peores violaciones de los derechos humanos relacionados con la integridad personal han coincidido con la más sofisticada protección a los derechos.
La ambiciosa descentralización no contó con los controles suficientes, y configuraciones político-criminales la trastornaron hasta convertirla en uno de los escenarios más escandalosos de corrupción. Con todo, la elección popular de alcaldes y gobernadores propició en muchos casos gestiones admirables que no siempre han sido sostenibles. Una vez más, la dinámica política desnaturalizó esquemas bondadosos.
Los múltiples mecanismos de participación, la apertura política y los esfuerzos por crear ciudadanía cambiaron radicalmente el escenario político. El bipartidismo cedió el espacio a una pluralidad de fuerzas que, en su momento, hubo que limitar, y a partir de 1991 ha sido imposible crear gobiernos monocolores. Las coaliciones ordenadas constitucionalmente fueron sustituidas por gobiernos multipartidistas. La cohabitación entre diversas familias políticas se hizo rutinaria. La circunscripción nacional, las dos vueltas para la elección presidencial, la vicepresidencia y la financiación política fueron elementos esenciales de la apertura política.
El Congreso ha vivido las peores crisis de su historia –proceso 8.000, parapolítica, yidispolítica y otras–. Cientos de congresistas han sido investigados. Decenas han sido condenados por la Corte Suprema, o por la justicia ordinaria cuando ellos han renunciado a su fuero. La eliminación de la inmunidad parlamentaria ha jugado un papel primordial en la preservación de la institucionalidad del Congreso. Su deslegitimación habría sido insuperable sin los mecanismos que creó la Constitución: fuero ante la Corte Suprema, pérdida de la investidura por el Consejo de Estado y sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría.