La característica más sobresaliente del ámbito político de Chile entre 1891 y 1925 fue:
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Este período se inaugura el 26 de diciembre de 1891, fecha cuando asume la presidencia de la República Jorge Montt Álvarez, primer presidente del régimen parlamentario, culminando el 18 de septiembre de 1925, con la promulgación y firma la Constitución Política de 1925.
Tras el fin de la Guerra Civil de 1891 y la muerte del Presidente José Manuel Balmaceda, este período se caracteriza por la existencia de un régimen político parlamentario. Sin embargo, la preeminencia del Parlamento no significa reemplazar la institucionalidad política emanada de la Constitución de 1833, sino que se la reforma e interpreta de manera parlamentaria –por medio de las llamadas “prácticas parlamentarias”-, limitando y disminuyendo el poder del Jefe de Estado y otorgando facultades ejecutivas a los partidos políticos representados en el Congreso. Entre estas prácticas destacan las facultades de pedir cuentas a los ministros en las llamadas interpelaciones, las que provocan una marcada inestabilidad de los gabinetes, afectados por una frecuente rotativa ministerial entorpeciendo el normal desenvolvimiento de la labor gubernativa.
A pesar de ello, el régimen parlamentario se desenvuelve con una notable estabilidad política, manteniendo las instituciones republicanas, las libertades públicas y la alternancia en el poder de la Alianza Liberal y la Coalición Conservadora. Durante el período se suceden de manera consecutiva en la Presidencia de la República el almirante Jorge Montt (1891-1896), Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901), Germán Riesco (1901-1906), Pedro Montt (1906-1910), Ramón Barros Luco (1910-1915), Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) y en sus postrimerías, Arturo Alessandri Palma (1920-1925), a quien se le considera un mandatario de transición.
Asimismo, se desarrollan las obras públicas, se impulsa la educación, se expande el comercio y la economía da muestras de un gran vigor. Estas iniciativas se sostienen, en gran medida, gracias a las abundantes riquezas que el Estado recauda por medio del impuesto a la venta del salitre, principal producto de exportación del periodo.