invesigue y/o argumente en cinco lineas como la democracia paritaria puede prevenir la violencia sexual y de género
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La violencia de género constituye el principal desafío que enfrentan diversas democracias de América Latina y de otros países del mundo para avanzar hacia la paridad sustantiva, tanto en la esfera pública, como privada. Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL al menos 1,678 mujeres fueron asesinadas en 2014 por razones de género en 14 países de América Latina y tres del Caribe (CEPAL, 2015). En el ámbito político, la violencia de género se expresa a través del acoso y/o violencia política siendo conceptualizada en forma diversa según el contexto histórico político e institucional de cada país así como la visibilidad y gravedad que adquiere esta problemática (Albaine, 2015b). A modo de ejemplo, en México es denominada violencia política, en Perú acoso político y en tanto que en Bolivia se utilizan ambos conceptos a la vez para hacer referencia a las distintas formas de discriminación y violencia que sufren las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.
Esta expresión de violencia de género, asociada al incremento de la competencia político electoral entre varones y mujeres, constituye un modo intrínseco de hacer política en América Latina (Machicao, 2011) —que se manifiesta también en otras regiones del mundo— a través del ejercicio de prácticas de violencia directa e indirecta (Herrera, Arias y García, 2010) contra las mujeres que participan en forma activa en la competencia político-electoral. Esta problemática transgrede los derechos políticos; y en consecuencia los derechos humanos de este grupo social —en especial el derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia— en tanto los derechos de las mujeres son derechos humanos.
En este escenario, el debate en torno a la construcción de democracias paritarias sustantivas en la región tiende a ser acompañado por la importancia que los avances normativos orientados a promover la participación política de las mujeres —acciones afirmativas (cuotas) y la paridad política— sea conducido junto al diseño e implementación de estrategias legales capaces de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de este grupo social libres de toda forma de violencia de género.
A nivel regional, se ha elaborado un andamiaje normativo de carácter referencial orientado a impulsar el avance legal sobre ambas problemáticas. Por un lado, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) aprobó en el año 2015 con el apoyo de ONU Mujeres, la Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (CIM/OEA) elaboró en ese mismo año la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres —instrumento que constituye el primer acuerdo regional en la materia—.[1]
Frente a la gravedad que adquiere la violencia política contra las mujeres en América Latina, este trabajo se propone detectar y analizar mecanismos legales capaces de desalentar estos tipos de prácticas; y en consecuencia, promover el avance hacia la paridad política sustantiva. El primer acápite presenta los avances legales —cuotas (acciones afirmativas) y la paridad política— suscitados en los últimos años en la región, con el propósito de promover el acceso de las mujeres a los cargos de representación ciudadana. El segundo acápite aborda las formas que adquiere la violencia política de género en diversas instancias de la competencia político-electoral, a la vez que presenta algunos datos cuantitativos que dan cuenta de la gravedad de este fenómeno en América Latina. El tercero analiza las oportunidades que brindan ciertas leyes electorales y el diseño de la normativa paritaria para desalentar prácticas de violencia política de género. El cuarto presenta los marcos normativos que se han elaborado en la región contra el acoso y/o violencia política de género. Por último, se presentan algunas reflexiones a modo de conclusión.
Respuesta:
A nivel regional, se ha elaborado un andamiaje normativo de carácter referencial orientado a impulsar el avance legal sobre ambas problemáticas. Por un lado, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) aprobó en el año 2015 con el apoyo de ONU Mujeres, la Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria. Por otro lado, la (CIM/OEA) elaboró en ese mismo año la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres.
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