inicio del endeudimiento agresivo
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todo comenzó en mayo de 1982 los ecuatorianos nos despertamos a la realidad de que la economía nos “pasaba la cuenta”. El tipo de cambio del sucre, que se había mantenido fijo por doce años, tuvo que ser devaluado, abandonando la paridad de veinticinco sucres que escalaría a s/ 25.000 en los siguientes 18 años. Las últimas dos décadas del siglo veinte fueron consideradas perdidas, con una economía altamente endeudada que no crecía, en la que se consolidó el subempleo, economía azotada por la inflación y la carestía, sin acceso a los mercados de capitales y políticamente polarizada. Tan fuerte era el peso de la deuda que hasta el inicio de la dolarización prácticamente la totalidad de los ingresos petroleros tuvieron que ser usados para pagar sus intereses.
En los primeros siete años del siglo presente, el Ecuador dejó de ser un país altamente endeudado. Esto ocurrió como consecuencia de la consolidación del nuevo sistema monetario, el incremento de los precios del petróleo a un promedio de $22 por barril y el manejo cauteloso de la economía. La Asamblea Constitucional de Montecristi recogió este tema y decretó el tope al endeudamiento público para que este no sobrepase el 40% del PIB. Parecía entonces que se había puesto un candado a cualquier intentona futura de repetir lo ocurrido en la denominada era del endeudamiento agresivo.
Hoy, transcurrido el ciclo de expansión, debemos alertar acerca de los paralelos que existen entre las circunstancias actuales y aquellas que propiciaron la crisis de 1982. Específicamente, anotamos que la tasa de crecimiento de la deuda pública es preocupante pues para este solo año calendario el requerimiento de recursos cifra alrededor del 11% del PIB. Podemos colegir que, de mantenerse las tendencias, habremos superado al umbral del 40% del PIB antes de la terminación del período presidencial. Es también del caso que los términos financieros recientemente acordados ubican al país en la cúpula de los que más pagan. La emisión de bonos – con cupón de 10,5%, a un plazo de 5 años (en vez de los siete propuestos) y con un margen de 900 puntos base por concepto de prima de riesgo, es la más cara que jamás haya contratado la República.
Son pruebas no tan sólo fehacientes sino aportadas por la misma historia, que nos conducen a insistir en la urgencia de cambiar las tendencias cuando todavía hay cómo hacerlo.