Historia del sufragio en venezuela
Respuestas a la pregunta
Estas corporaciones y estructuras ensayaron el primer esbozo de las técnicas y doctrinas de elección y equilibrio de poderes en torno a la crisis histórica del siglo XVIII, todo ello bajo la matriz de la ilustración, contando con sus más agudas manifestaciones en la Revolución Francesa y la emancipación de los Estados Unidos de Norteamérica, así como en la transición al siglo XIX con la apertura y desarrollo de las revoluciones independentistas en nuestra Hispanoamérica.
Emancipación, tiranías y breves ensayos de democracia
No resulta entonces extraño que los actores principales e iniciales de la emancipación venezolana, a partir de 1810, haya sido el Ayuntamiento, la Universidad y representantes de la iglesia católica, integrando la tradición corporativa a una nueva funcionalidad republicana, independiente y liberal, dentro de la heterogeneidad variablemente secularizadora y racionalizadora del proyecto de la Ilustración.
Desde 1811 en adelante observamos una lenta pero gradual evolución del derecho al sufragio que se inició con la conversión de la electoralidad corporativa primaria hacia la formas censitarias restrictivas del ejercicio político ciudadano.
Entre el Reglamento Electoral para la Constituyente de 1811, pasando por las Constituciones de Angostura y Cúcuta, hasta llegar a la Constitución de Venezuela de 1830, se operó la conversión del “Vecino” (políticamente privilegiado) en la división de ciudadanos activos y pasivos sujetos a una cualificación censitaria y sociocultural.
La república de apertura política restringida, canalizaba los procesos electorales a través de mecanismos estratificados y colegiados (parroquial, provincial, parlamentario nacional), regulados por la Constitución y las leyes electorales, pero con un alto grado de dispersión de funciones y responsabilidades. Conformándose con ello una tradición electoral estable y relativamente eficiente que dio piso y continuidad tanto al gobierno de la llamada Oligarquía Conservadora (Páez, Vargas, Soublette), como al de la Oligarquía Liberal (los generales Monagas), entre 1830 y 1858.
La crisis del sistema político que despega con el derrocamiento de los Monagas en 1858 y el inicio de la Guerra Federal en 1859, abrió un compás de inestabilidad e ineficiencia profunda pero, a nivel formal, permitió alcanzar la consagración del sufragio universal de varones como principio y meta para la evolución política venezolana hasta mediados del siglo XX.
La elección de Manuel Felipe Tovar como presidente en 1860 y el Decreto de Garantías emitido por el general Falcón en 1863, son las referencias iniciales de este largo camino que, entre tiranías y breves ensayos democráticos, nos llevó, hacia el trienio 1945-1947, a la meta principal del sufragio universal pleno.
Entre 1870 y 1935 la historia electoral de Venezuela entró en un lapso de ejericio más consagratorio que real, salvo breves escenarios de civilismo limitado (transición presidencial de Rojas Paúl a Andueza Palacio en 1890 o el proceso de 1897), la normalidad reposaba sobre el marco de influencia predominante del tirano de turno, tanto bajo el poder directo o indirecto del general Guzmán Blanco (1870-1888), como bajo la autoridad del general Joaquín Crespo (1892- 1898), así como de sus seguidores andinos: el general Cipriano Castro (1899- 1908) y el general Juan Vicente Gómez (1908- 1935)
Este sistema de “tiranía liberal” (M. Caballero), “cesarismo democrático” (L. Vallenilla) o de configuraciones tiránica del estado como aparato de violencia, jugó a sostener un discurso liberal, con sus propios textos constitucionales y una práctica electoral ajustadas a las necesidades de continuidad del régimen de turno.
En algunos momentos la dinámica electoral retrocedió hacia niveles ya superados de alta restricción funcional, como se observa de la denominada Constitución “Suiza” de 1881 y su castrante Consejo Federal; en otros momentos se ensayó el retorno al sufragio abierto (de varones), como en 1897, que pese a las novedades propagandísticas del “Mocho” Hernández culminó en una rotunda farsa política a favor del proyecto del general Crespo.
Finalmente, durante la andinocracia de 1899- 1935, las facultades electorales subyacieron, desde el nivel municipal y legislativo hasta los procesos presidenciales, a las determinaciones tiránicas de los generales Castro y Gómez.
Los principios y prácticas modernas de elección y representación política republicana se apoyan en una tradición occidental arraigada en un remoto ejercicio del poder, a partir del control intermitente que ejercieron algunas corporaciones relativamente autónomas frente al poder monárquico que se desplegaba desde la Edad Media europea. Por ello estructuras parlamentarias primarias (Cortes, Parlamentos, Estados Generales, etc.), gobiernos municipales, universidades y algunas estructuras eclesiásticas fueron el escenario inicial del ejercicio posterior del republicanismo liberal moderno y contemporáneo.
Estas corporaciones y estructuras ensayaron el primer esbozo de las técnicas y doctrinas de elección y equilibrio de poderes en torno a la crisis histórica del siglo XVIII, todo ello bajo la matriz de la ilustración, contando con sus más agudas manifestaciones en la Revolución Francesa y la emancipación de los Estados Unidos de Norteamérica, así como en la transición al siglo XIX con la apertura y desarrollo de las revoluciones independentistas en nuestra Hispanoamérica.
Emancipación, tiranías y breves ensayos de democracia
No resulta entonces extraño que los actores principales e iniciales de la emancipación venezolana, a partir de 1810, haya sido el Ayuntamiento, la Universidad y representantes de la iglesia católica, integrando la tradición corporativa a una nueva funcionalidad republicana, independiente y liberal, dentro de la heterogeneidad variablemente secularizadora y racionalizadora del proyecto de la Ilustración.
Desde 1811 en adelante observamos una lenta pero gradual evolución del derecho al sufragio que se inició con la conversión de la electoralidad corporativa primaria hacia la formas censitarias restrictivas del ejercicio político ciudadano.
Entre el Reglamento Electoral para la Constituyente de 1811, pasando por las Constituciones de Angostura y Cúcuta, hasta llegar a la Constitución de Venezuela de 1830, se operó la conversión del “Vecino” (políticamente privilegiado) en la división de ciudadanos activos y pasivos sujetos a una cualificación censitaria y sociocultural.
La república de apertura política restringida, canalizaba los procesos electorales a través de mecanismos estratificados y colegiados (parroquial, provincial, parlamentario nacional), regulados por la Constitución y las leyes electorales, pero con un alto grado de dispersión de funciones y responsabilidades. Conformándose con ello una tradición electoral estable y relativamente eficiente que dio piso y continuidad tanto al gobierno de la llamada Oligarquía Conservadora (Páez, Vargas, Soublette), como al de la Oligarquía Liberal (los generales Monagas), entre 1830 y 1858.
La crisis del sistema político que despega con el derrocamiento de los Monagas en 1858 y el inicio de la Guerra Federal en 1859, abrió un compás de inestabilidad e ineficiencia profunda pero, a nivel formal, permitió alcanzar la consagración del sufragio universal de varones como principio y meta para la evolución política venezolana hasta mediados del siglo XX.
La elección de Manuel Felipe Tovar como presidente en 1860 y el Decreto de Garantías emitido por el general Falcón en 1863, son las referencias iniciales de este largo camino que, entre tiranías y breves ensayos democráticos, nos llevó, hacia el trienio 1945-1947, a la meta principal del sufragio universal pleno.
Entre 1870 y 1935 la historia electoral de Venezuela entró en un lapso de ejericio más consagratorio que real, salvo breves escenarios de civilismo limitado (transición presidencial de Rojas Paúl a Andueza Palacio en 1890 o el proceso de 1897), la normalidad reposaba sobre el marco de influencia predominante del tirano de turno, tanto bajo el poder directo o indirecto del general Guzmán Blanco (1870-1888), como bajo la autoridad del general Joaquín Crespo (1892- 1898), así como de sus seguidores andinos: el general Cipriano Castro (1899- 1908) y el general Juan Vicente Gómez (1908- 1935)
Este sistema de “tiranía liberal” (M. Caballero), “cesarismo democrático” (L. Vallenilla) o de configuraciones tiránica del estado como aparato de violencia, jugó a sostener un discurso liberal, con sus propios textos constitucionales y una práctica electoral ajustadas a las necesidades de continuidad del régimen de turno.
En algunos momentos la dinámica electoral retrocedió hacia niveles ya superados de alta restricción funcional, como se observa de la denominada Constitución “Suiza” de 1881 y su castrante Consejo Federal; en otros momentos se ensayó el retorno al sufragio abierto (de varones), como en 1897, que pese a las novedades propagandísticas del “Mocho” Hernández culminó en una rotunda farsa política a favor del proyecto del general Crespo.
Finalmente, durante la andinocracia de 1899- 1935, las facultades electorales subyacieron, desde el nivel municipal y legislativo hasta los procesos presidenciales, a las determinaciones tiránicas de los generales Castro y Gómez