¿Hasta qué punto la irresponsabilidad ciudadana está violando nuestro derecho a la salud?
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Respuesta:
Bachelet declaró que muchos países, particularmente en Europa, han tomado medidas sin precedentes para proteger los derechos de los trabajadores y minimizar el número de desempleados como consecuencia de la crisis, y animó a que "todos los estados con recursos suficientes hagan lo mismo".
También señaló que la semana pasada el Banco Africano de Desarrollo emitió el bono social más ambicioso del mundo –un fondo de 3000 millones de dólares– para ayudar a los Gobiernos africanos a ampliar el acceso a la sanidad y a otros bienes y servicios de primera necesidad. “Esta es exactamente la clase de pensamiento innovador que necesitamos”, subrayó.
Afirmó que su Oficina está elaborando una serie de buenas prácticas económicas y sociales, empleadas por muchos países repartidos por todo el mundo –muchos de ellos países en desarrollo– y que las presentarán ante los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Su Oficina también trabajará para integrar los derechos humanos dentro de los programas económicos y sociales de la ONU.
Estas son algunas de las opiniones de expertos de la ONU en derechos humanos en relación con la respuesta frente al COVID-19.
“Todos nosotros, sin excepción, tenemos derecho a intervenciones que nos salven la vida. Esta responsabilidad recae en el gobierno. La escasez de recursos o el uso de planes de seguros públicos o privados jamás deberían justificar la discriminación de determinados grupos de pacientes. Todos tenemos derecho a la salud” —declaración conjunta de los expertos en derechos humanos de la ONU.
“Es muy probable que aumenten los casos de violencia doméstica generalizada, como ya sugieren los informes de la policía y de las líneas directas. El hogar puede ser un sitio de miedo y maltrato para muchas mujeres, niñas y niños. La situación empeora considerablemente en casos de aislamiento como las cuarentenas impuestas durante la pandemia. Todos los estados deben tomar medidas para combatir el COVID-19, pero no deben dejar atrás a las mujeres y los niños que sufren violencia doméstica” —Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer.
“Todos nosotros, sin excepción, tenemos derecho a intervenciones que nos salven la vida. Esta responsabilidad recae en el gobierno. La escasez de recursos o el uso de planes de seguros públicos o privados jamás deberían justificar la discriminación de determinados grupos de pacientes. Todos tenemos derecho a la salud”.
“Los informes de personas mayores abandonadas o de cadáveres encontrados en residencias son alarmantes. Es inaceptable. Todos tenemos la obligación de practicar la solidaridad y proteger a las personas mayores en esta situación”. –Rosa Kornfeld-Matte, Experta independiente de la ONU sobre los derechos humanos por las personas mayores.
“Los desplazados internos sufren un mayor riesgo de exposición al COVID-19 debido a su acceso limitado a la sanidad, agua corriente, saneamiento, alimentos y a una vivienda digna. Con frecuencia son, además, discriminados. Quienes se encuentran en campamentos o centros de acogida viven a menudo hacinados, y los refugios de emergencia no están física o estructuralmente preparados para mitigar la transmisión del COVID-19. Los gobiernos deben asegurar que todos los desplazados internos tienen acceso al agua corriente, saneamiento, instalaciones para su higiene personal, una vivienda digna y alimentos” —Cecilia Jimenez-Damary, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos.
Explicación:
mi profe dijo que estaba bien