Explica la relación que se establece entre confianza y legitimidad en una democracia.
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
El Presidente de la República durante su pasada alocución a medios, luego de que la Secretaría de la Función Pública le exonerara, tanto a ella como su esposa y al Secretario de Hacienda de la eventual comisión de conductas indicativas de posibles conflictos de interés, mencionó la falta de confianza en las autoridades electas en distintos países del mundo.
Señalar una realidad global no le exime de responsabilidad. Todo lo contrario. Ante manifestaciones del mismo problema sobre confianza mermada en los gobernantes y legitimidad cuestionada de sus mandatos, tres gobiernos latinoamericanos han tomado decisiones relevantes.
En primer lugar, destaca el caso de Chile donde su presidenta Michelle Bachelet, no hace mucho y ante una profunda crisis política que aún no ha sido del todo superada, pidió la renuncia de todos los ministros de su gobierno.
Salvo el canciller, quien fue ratificado en el cargo, el resto de las carteras del gobierno fueron renovadas. Puso en marcha, al mismo tiempo, un nuevo y ambicioso plan anticorrupción y anunció que en septiembre comenzarán procesos de consulta popular para la una nueva Constitución.
Durante su reciente visita a México, Bachelet no dejó de referirse a la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas como mecanismos para fortalecer la democracia y como la mejor herramienta contra la corrupción. Advirtió que México y Chile están "en un momento de inflexión para reconstruir la relación entre ciudadanos e instituciones públicas, sobre la base de una nueva confianza".
En Brasil luego de una crisis sin precedente, por ser mucho más política que económica con aproximadamente 800 mil personas en distintas manifestaciones en varias ciudades exigiendo la destitución del gobierno, su presidenta Dilma Rousseff anunció que reducirá tanto el número de ministerios del Gobierno -para quedar 29 de los actuales 39- como buena parte de los cargos de confianza en la burocracia del país. Informó que intensificará un programa de austeridad encaminado a reducir gastos administrativos y la venta de algunas propiedades del Estado.
Guatemala ha dado una cátedra en materia de independencia judicial. Ante la más grave crisis que haya enfrentado el presidente de ese país, Otto Pérez Molina, a partir de severas acusaciones de corrupción y crecientes llamados a que renuncie, la Corte Suprema de Justicia avaló esta semana la celebración de un juicio político contra el presidente. Tocará ahora al Congreso decidir si le retira la inmunidad a fin de que enfrente, en condiciones equitativas, a la justicia del país.
Este anuncio se da luego de la dimisión de seis de los 13 ministros del gobierno y otros altos cargos de la administración, entre ellos los titulares de las carteras de finanzas y comunicaciones.
En México hubo cambios en el Gabinete de Peña Nieto, lo que ha sido leído en la opinión pública como una medida para recobrar la confianza ciudadana en las instituciones políticas. La sociedad llama con urgencia a la oposición a retomar con firmeza y hasta sus últimas consecuencias la agenda anticorrupción y de transparencia en la gestión pública. Habrá que seguir de cerca la evolución de otros países para inspirar políticas que atiendan este grave déficit de aval ciudadano a un sistema político que tendría que responder a sus necesidades, inquietudes y demandas.
Ese es el trabajo que toca a un gobierno democrático cuando la confianza corre el riesgo de perderse o se ha perdido.