explica en un texto la problemática ambiental de la contaminación del agua del río Santa desde las decisiones y actuaciones de los actores sociales considerando las distintas dimensiones económica, natural, social, sanitaria y política
AYUDEN ES PARA HOY
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
El principal peligro potencial lo constituyen algunas canchas de relaves
depositadas muy cerca del río y con procedimientos no adecuados, lo cual
conlleva a la probabilidad de una contaminación masiva ante la ocurrencia de
algún fenómeno telúrico de cierta intensidad.Un individuo determinado es un actor social cuando él representa algo para la sociedad,
encarna una idea, una reivindicación, un proyecto, una promesa, una denuncia, dentro
de ese concepto de igual manera un grupo político, una emisora de radio, un grupo de
estudiantes, el gremio de taxistas porque todos tienen algo que defender'.
Para Alain Touraine el actor social es el hombre o la mujer que intenta realizar objetivos
personales o colectivos porque está dentro de un entorno del cual es parte y por ello
riene muchas similitudes haciendo suyas la cultura y reglas de funcionamiento
institucional aunque solo sea parcialmente. El concepto de actor social es tan valioso y sustancial a todo proceso de desarrollo que
se puede otorgar a ciertos organismos estatales o no, que cuentan con programa') de
acción explícitos y manejan presupuestos considerables cuyos actos producen resultados
para toda la comunidad'
Los derechos económicos y sociales están expresamente reconocidos en la declaración de derechos de la Constitución y no puede decirse de ellos que existen solo en el papel. La sección 7 (2) de la Constitución requiere al Estado respetar, proteger, promover y garantizar los derechos constitucionales y los tribunales están obligados constltuclonalmente a asegurar que esos derechos sean protegidos y garantizados. La cuestión entonces no es si los derechos económicos y sociales son justiciables en la Constitución sino cómo los hacemos efectivos en un caso determinado".79
La Corte entró a pronunciarse sobre la razonabilidad de la política estatal, advirtiendo previamente que: