Escribe un ensayo sobre el conflicto armado , destacando las causas internas y externas , el proseso de dialogo y los aspectos mas relevantes de los acuerdon de paz
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AMNISTÍA INTERNACIONAL
Los equipos de investigación de Amnistía Internacional pasan miles de horas al año sobre el terreno en zonas afectadas por conflictos, entrevistando a testigos y sobrevivientes y recabando información de una diversidad de organizaciones y autoridades locales, tanto militares como policiales. El personal asesor de Amnistía Internacional sobre armas y fuerzas armadas identifica armas y municiones y analiza sus efectos.
¿QUÉ DICE EL DERECHO?
Los conflictos armados se rigen fundamentalmente por el derecho internacional humanitario (DIH), también conocido como "leyes de la guerra". El DIH es un conjunto de normas —codificadas en tratados o reconocidas por la costumbre que delimitan el comportamiento aceptable de las partes en un conflicto.
Las violaciones graves del DIH constituyen crímenes de guerra
El DIH exige que las partes en un conflicto distingan entre civiles, que gozan de protección, y combatientes, que son blancos legítimos de ataque. No se puede atacar deliberadamente a civiles, aunque pueden morir o resultar heridos si esto ocurre como parte de un ataque proporcionado contra un objetivo militar. Todas las partes en el conflicto deben adoptar medidas para reducir al mínimo los daños a civiles y bienes de carácter civil (como edificios residenciales, colegios y hospitales) y deben evitar llevar a cabo ataques en los que no se distinga entre civiles y combatientes, o que causen daños desproporcionados a la población civil.
Las violaciones graves de derechos humanos, como los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad (véase el glosario), pertenecen a una categoría jurídica especial llamada derecho penal internacional. Todos los Estados tienen la obligación de enjuiciar a las personas sobre las que existan sospechas razonables de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluso en virtud del principio de jurisdicción universal, pero muchos no pueden o no están dispuestos a llevar a los responsables ante la justicia. La comunidad internacional ha establecido tribunales especiales para exigir responsabilidades a quienes perpetraron este tipo de violaciones de derechos humanos en la antigua Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona. En 2002 se estableció la Corte Penal Internacional (CPI) para poner fin a la impunidad de los delitos de derecho internacional. Hay 124 Estados que son Partes en el documento fundacional de la CPI —el Estatuto de Roma— y están sometidos a la jurisdicción de la Corte. La CPI es un tribunal de última instancia, utilizado cuando los sistemas nacionales de justicia no pueden o no quieren llevar ante la justicia a los responsables. Los casos pueden ser remitidos a la CPI por los Estados Partes o por el Consejo de Seguridad de la ONU, que también puede remitir casos contra Estados que no son Partes en el Estatuto. La fiscalía de la CPI también puede decidir abrir una investigación contra un Estado Parte basándose en pruebas externas. Algunos Estados han establecido tribunales híbridos —tribunales nacionales con elementos internacionales— para exigir responsabilidades a quienes han perpetrado crímenes de derecho internacional.
No nos detendremos hasta que:
se haya acabado con la impunidad por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio;
las partes involucradas en los conflictos armados entiendan que nunca está justificado violar las medidas de protección que el derecho internacional brinda a la población civil;
se ponga fin al reclutamiento y uso de niños y niñas soldados y se produce su desmovilización, rehabilitación y reinserción en la sociedad;
el innovador Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas cobre vida en la legislación y la práctica nacionales.
En octubre de 2019, Amnistía Internacional descubrió pruebas de homicidio y mutilación de civiles cuando las partes enfrentadas lanzaron ataques indiscriminados y emplearon una diversidad de armas explosivas poco precisas en zonas urbanas densamente pobladas en torno a Trípoli (Libia). En su primera investigación de campo exhaustiva a ambos lados del frente desde que estallaron las hostilidades en torno a la capital el 4 de abril de 2019, nuestro equipo visitó 33 lugares de Trípoli y sus alrededores que habían sufrido ataques aéreos y terrestres. En diciembre, el gobierno francés canceló la entrega de seis barcos a Libia tras las acciones judiciales emprendidas por Amnistía Internacional.
En julio de 2020, las fuerzas armadas estadounidenses reconocieron que sus ataques aéreos en Somalia habían causado víctimas entre la población civil. Es sólo el tercer caso que admiten, y la primera vez que afecta a un caso documentado por Amnistía Internacional. El reconocimiento se incluyó en su nuevo informe trimestral sobre víctimas civiles, medida de rendición de cuentas adoptada tras la publicación de nuestro informe de 2019 sobre víctimas mortales entre la población civil causadas por los ataques aéreos de Estados Unidos en Somalia.