escribe las acciones para prevenir la formación de pandillas y el consumo de sustancias psicoactivas
Respuestas a la pregunta
onsumo (sin hacer que esa información se use para señalar).
El ejemplo de Bogotá es clave. Desde el 2013, la Secretaría de Educación de la capital hizo esa identificación; aumentó el personal y los mecanismos para tratar los casos en la población escolar, con base en ese mapa, y alertó a las autoridades sobre el tema para adelantar un trabajo mancomunado. De esta manera, se frenó el crecimiento del fenómeno, aunque la cooperación interinstitucional no ha terminado de cuajar porque a veces no hay coordinación o se impone un enfoque de seguridad o de salud sobre lo pedagógico.
Asimismo, hay que hacer prevención terciaria-terapéutica. Los chicos y chicas con problemas de consumo frecuente, o que apoyan a los expendedores, requieren, en asocio con el ICBF y los sectores educación y salud, un programa para atenderlos durante periodos largos, combinando aulas de aceleración y programas de inclusión en la escuela, con manejo en instituciones especializadas. En este aspecto, la capacidad de instituciones más allá de la escuela genera inquietud.
Por supuesto, también hay que aislar a las pandillas con programas de entornos escolares seguros y pactos liderados por los jóvenes, para erradicar drogas y armas en los colegios y familias. Se requiere una acción policiva en parques y entornos de colegios para reducir el impacto de pandillas y obtener información de inteligencia sobre quiénes las dirigen y financian, así como cerrar ollas y expendios móviles en barrios (la Policía y el CTI tienen mejor información cuando el sistema educativo los ayuda).
Y, mediante programas de resocialización, ofrecer opciones de retorno a la educación y al trabajo a quienes han entrado en el mundo delincuencial, pero pueden salir de él con acompañamiento adecuado. Mejor dicho, poquito de perros, cámaras y pruebas de sangre, pues lo que hacen es minar la confianza de los jóvenes en las autoridades.
Respuesta:La semana pasada vimos los datos precisos y discriminados sobre el consumo de sustancias psicoactivas (drogas, incluyendo tabaco, alcohol y drogas ilegales) a edades tempranas. Ese consumo existe y crece, y en los colegios privados y públicos del país, en especial en sus alrededores, hay una oferta organizada por bandas de narcotráfico. También vimos que es un fenómeno mundial ‒que no escolar, sino social‒, que no es nuevo y que los periodistas y políticos que viven del miedo ajeno buscan el escándalo más que la solución.
Por todo esto, lo racional es precisar el papel de las autoridades, maestros, padres y estudiantes frente al consumo y expendio y poner la pedagogía, la prevención y la autoridad donde cada cosa cabe.
(Leer: Drogas en los colegios: realidades y mitos)
¿Cómo sería el orden de las acciones para ajustar prioridades según las experiencias positivas que hay en el país?
Primero, hay que dejar de estigmatizar a la escuela y más bien apoyarla en su difícil desafío. Expertos de muy distintos enfoques ‒ahora recuerdo a Enrique Chaux, de la Universidad de los Andes, a Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, y a Julián Quintero, de Acción Técnica Social‒ insisten en entender que los colegios son islas de protección, pero no por eso dejan de ser reflejo de las realidades de las familias y comunidades que los integran y rodean.
Explicación:
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Educación de la capital hizo esa identificación; aumentó el personal y los mecanismos para tratar los casos en la población escolar, con base en ese mapa, y alertó a las autoridades sobre el tema para adelantar un trabajo mancomunado. De esta manera, se frenó el crecimiento del fenómeno, aunque la cooperación interinstitucional no ha terminado de cuajar porque a veces no hay coordinación o se impone un enfoque de seguridad o de salud sobre lo pedagógico.