Question

¿Es Chile un país democrático? Establece tres argumentos a favor y tres en contra.

Answer 1

• si es democratico

• Segun mis argumentos En un país democrático, todos los ciudadanos tienen derecho a opinar y a ser escuchados asi que ellos opinan son escuchados y funciona el acto democratico
• En el colegio, por ejemplo, cada curso puede elegir a su presidente votan para ver quien quedara como presidente secretario etc
• los estudiantes tienen derecho a organizarse en un centro de alumnos. tiene que haber un lugar especial para reunirse y organizar la juntadirectiva
• los alcaldes por elecciones
• los diputados por elecciones
• etc

Answer 2

Respuesta:

Convincente prueba de que no vivimos un régimen verdaderamente democrático es el propio “proceso constituyente” convocado por la Presidenta de la República como respuesta a las persistentes demandas del país para que se deje sin efecto la Constitución de 1980 y ésta sea reemplazada por otra validada por los ciudadanos. Cuando lo que tenemos vigente es una  Carta Fundamental donde la soberanía popular es sobrepasada por las abusivas atribuciones del Tribunal Constitucional, la existencia de un sistema electoral que limita la representatividad de nuestro Parlamento, así como por la desmedida influencia del dinero en los procesos eleccionarios. Situaciones ampliamente reconocidas por el país, además de constituirse en un lastre que ha ocasionado la corrupción transversal de nuestra clase política.

No existen, por supuesto, democracias perfectas y no sería razonable, por lo mismo, buscar en el mundo constituciones políticas que pudieran imitarse. Hasta hoy, por ejemplo, parecen convencernos más los regímenes presidencialistas que los parlamentarios, pero podría ser muy razonable que avanzáramos a un sistema unicameral en vez de mantener la existencia de dos instancias legislativas que lo que más logran es actuar de filtro a las buenas iniciativas de ley y tener siempre un ámbito del Congreso menos sensible a las reformas demandadas por el pueblo. Junto con ocasionar, por supuesto, una onerosa carga para el Fisco en cuanto a diputados y senadores muy bien remunerados, cuanto con privilegios y fueros agraviantes si se los compara con los ingresos de la generalidad de los funcionarios públicos.

Cuando ahora las democracias más genuinas reclaman altos estándares en materia de libertad de expresión, la Dictadura y los gobiernos que la siguieron fueron consolidando una pavorosa concentración informativa, evidenciándose ahora último los intentos de la política por imponerle nuevas mordazas al periodismo y oponer altos grados de dificultad al desarrollo de la diversidad mediática, tales como el gravamen del IVA a los impresos o esa discriminatoria forma en que los gobiernos de turno asignan la publicidad estatal.

En los últimos días, la querella presentada contra una revista por la Presidenta Bachelet constituye uno de los más graves  traspiés  de su gobierno, especialmente cuando se trata del mismo medio que destapó el escándalo de Caval en que su nuera aparece seriamente comprometida en deleznables delitos como el tráfico de influencia, el soborno y el enriquecimiento ilícito. Como se sabe, la Jefa de Estado ha preferido emprender una acción criminal contra un medio de comunicación y no contra quien la injuriara o calumniara en las páginas de este semanario,  lo cual es inevitablemente visto como una forma de amedrentar a los periodistas que se propongan denunciar los abusos e irregularidades de las autoridades.

En otro orden se constataciones, son las estadísticas oficiales, los estudios de la propia OCDE y de otras importantes instituciones nacionales y extranjeras las que nos señalan como el país del mundo de mayor inequidad en el ingreso, el que marca la brecha más pronunciada entre  lo que ganan los más ricos, versus el salario indigno de millones de sus millones de trabajadores. Por algo son los propios obispos de la Iglesia Católica los que reiteran una  otra vez la necesidad de establecer un sueldo mínimo ético, al mismo tiempo que ponerle freno al descontrolado consumo de un exultante puñado de chilenos.

Cualquier observador puede concluir que el crecimiento acelerado e incontrolable de la delincuencia tiene explicación y aliciente en esta inequidad que se mantiene igual o peor a la que se consolidó durante los 17 años de la dictadura cívico militar. Sobre todo si consideramos que somos el país que disputa con otros en el mundo en tener más personas encarceladas en relación al tamaño de su población. Además de consignar que las policías han ido ganando más atribuciones, todavía, para acentuar la represión y usar armas “disuasivas”  (como las llaman) cuyo uso raramente podría permitirse en los países considerados democráticos.

Para algunos observadores extranjeros, aparece inaudito que los estudiantes y los trabajadores tengan que solicitar autorización para manifestarse en las calles sin exponerse a una desmedida represión, alentada y justificada por los moradores de La Moneda, quienes ante cualquier protesta hasta quisieran recurrir a la Ley de Seguridad del Estado para impedirla. Una normativa, por lo demás, fuertemente repudiada por los referentes de Derechos  Humanos de Chile y la comunidad internacional.

Explicación: De allí establece tres argumentos a favor y tres en contra.