¿en México hay estado
de bienestar?
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Respuesta:
Las consecuencias sociales de la actual crisis económica podrían dar un nuevo impulso a los debates sobre la necesidad de encontrar una alternativa progresista y comprometida con la justicia social que permita replantear el proyecto socialdemócrata que hizo posible la construcción de los Estados de Bienestar en el siglo XX o, al menos, reformar el capitalismo para “restaurar el equilibrio entre las funciones del Estado y las del mercado”, como lo ha propuesto desde hace dos décadas el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, para que, como lo planteó hace cinco años Jürgen Habermas, los gobiernos puedan responder a las demandas de justicia social, lo cual, a juzgar por las crecientes desigualdades y los niveles de pobreza que ha dejado su implementación, no es posible con la política neoliberal.
Ante las proyecciones del Banco Mundial y de otros organismos multinacionales sobre el número de personas que como consecuencia de esta crisis caerán en la pobreza y en la pobreza extrema, crece el consenso, incluso entre los defensores del neoliberalismo, sobre la necesidad de construir Estados de Bienestar -o de reforzar sus capacidades fiscales ahí donde ya existen- para que los gobiernos puedan hacer frente a los retos que les ha dejado como herencia la fracasada política neoliberal: erradicar la pobreza, lograr una más justa distribución del ingreso y la riqueza y cerrar las crecientes brechas de desigualdad.
Al inicio de su gobierno, el presidente López Obrador dijo que su proyecto de transformación del régimen se sustentaría en dos paquetes de reformas, uno relacionado con la austeridad republicana y el combate a la corrupción y a la impunidad y otro para construir un Estado de Bienestar.
En el tema del bienestar social se ha avanzado con la aprobación de algunas reformas constitucionales y legales, la reorientación del gasto público, los inéditos aumentos a los salarios mínimos en 2019 y 2020 y un conjunto de políticas públicas y al menos seis programas sociales para garantizar el ejercicio de derechos sociales, algunos de los cuales incluso se han constitucionalizado; pero para construir un Estado de Bienestar aún faltaría gran parte del andamiaje jurídico -en gran parte constitucional- y de las bases fiscales y de política económica para su implementación.
Los artículos 1, 2, 3, 4, 25, 26 y 28 constitucionales (cuatro de ellos reformados durante este gobierno) contienen disposiciones que le permiten al Presidente implementar una política de bienestar y dar los primeros pasos hacia un modelo de desarrollo que se oriente hacia una más justa distribución del ingreso y la riqueza, tal y como lo establece expresamente el texto vigente del artículo 25; pero la creación de un Estado de Bienestar requeriría un conjunto de reformas constitucionales y legales para redefinir la función social del Estado e ir a un nuevo pacto fiscal que soporte la inversión pública necesaria para implementar la política y los servicios de bienestar.
La construcción de un Estado de Bienestar y la implementación de una nueva política económica, como lo propone el presidente López Obrador, solo será posible con una política fiscal que lo soporte y sobre la base de un auténtico Estado de Derecho, en el que el compromiso del Estado con la justicia social y con una más justa distribución del ingreso y la riqueza no se contraponga ni con la libertad económica ni con el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y de las libertades -en particular los derechos a la igualdad jurídica, al trabajo, a la libre concurrencia y a la propiedad privada-, en el que se garantice la seguridad jurídica y en el que la actividad estatal respete la esfera jurídica de los gobernados.