elabora un ensayo del papel del ataque de gota en el gobierno con conflictos políticos
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El acuerdo de paz de 2016 entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano prometía una nueva era, pero quienes están en la primera línea del conflicto continúan esperando su llegada. Activistas locales, comúnmente conocidos como líderes sociales, se han convertido en los promotores más fervientes del acuerdo, defendiendo los derechos humanos, el acceso a la tierra y el desarrollo económico en sus comunidades. Sin embargo, aunque el acuerdo les ofrece protección, muchos de estos líderes ahora viven con miedo. Desde el 2016, al menos 415 han sido asesinados y cientos más han sido víctimas de hostigamientos o desplazamientos forzados. Para muchos otros, el precio de su seguridad es su silencio. Las restricciones a la movilidad impuestas por el gobierno como medida para contener la pandemia de COVID-19 son desatendidas por grupos armados no estatales, que las han aprovechado para expandir su control, incrementando aún más la violencia. Si no se toman medidas urgentes para aliviar la desesperada situación económica en las zonas rurales, fortalecer los mecanismos para judicializar a los responsables y modificar el enfoque combativo y a menudo contraproducente del gobierno hacia la seguridad interna, el gran esfuerzo por crear una paz duradera en Colombia podría verse despojado de su base de apoyo más importante.
Los asesinatos de líderes sociales son en sí una tragedia, pero también resaltan la fragilidad del acuerdo de paz y la gama de saboteadores que enfrenta. La gran mayoría de los asesinatos ocurren en áreas históricamente afectadas por el conflicto, como Antioquia, Cauca y Chocó. Las cifras de la fiscalía sugieren que más del 59 por ciento de los asesinatos pueden ser atribuidos a grupos armados conocidos, el 39 por ciento a personas o bandas desconocidas y el 2 por ciento a oficiales militares. El acuerdo de 2016 motivó a los líderes sociales a continuar promoviendo los intereses sus comunidades y denunciando abusos, pero ahora han resultado en la mira de los grupos armados. Los asesinatos y las amenazas también transmiten mensajes a la población: permanezca en silencio, abandone su territorio, no defienda ciertos derechos o manténgase dentro de las fronteras invisibles demarcadas por los grupos armados.
Los asesinatos de líderes sociales son en sí una tragedia, pero también resaltan la fragilidad del acuerdo de paz y la gama de saboteadores que enfrenta.