el desorden monetario que se generó como consecuencia de las grandes emisiones de dinero para financiar este conflicto, condujo a que Colombia experimentara la mayor tasa de inflación en su historia.¿ Esta información es una causa o una consecuencia? Y por qué?
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
Los conflictos territoriales en estricto, nos dan información sobre que actores se relacionan en un espacio territorial concreto. Cuando vemos por ejemplo que la mitad de un territorio comunal ha sido concesionado a una empresa minera o forestal; debemos preguntarnos qué está detrás de ello; hay claramente una política nacional de los últimos gobiernos que se manifiesta en un marco normativo, que permite y promueve un tipo de política determinada. Éste quizás es el quit del asunto: cambios en las reglas de juego para “ordenar” el territorio pero bajo reglas del mercado. Estas tensiones en los territorios donde se contraponen diversos intereses se irán manifestando tras 5 años de agresivos cambios en la legislación que han abierto las puertas al acceso a tierras y recursos naturales sin discreción.
Para verificar esos cambios normativos solo tenemos que recordar la ley 30230, la ley 30327, el Decreto Legislativo 1191 y 1210 en el gobierno de expresidente Humala. Estas normas son vistas por el anterior y actual gobierno como medidas necesarias para “destrabar” la inversión. Es por eso que a un año de gobierno del presidente Kuczynski llegaron una avalancha de 112 Decretos Legislativos (DL), 65 de ellos dirigidos a “reactivar la economía”, lo que en muchos casos significa flexibilizar los procedimientos es el caso del DL 1330 o DL 1333 que crea la institución denominada APIP con procedimientos ad hoc para otorgar títulos en tierras públicas o privadas donde se desarrollaran proyectos de inversión priorizados; decreto que el Congreso de la República acordó su derogatoria por vicios de inconstitucionalidad, pero que el Ejecutivo se niega a publicarla.
Recientemente el 28 de julio el presidente actual presentó el proyecto de ley 1718-2017-PE, que toma mucho de las disposiciones inconstitucionales del DL 1333, para insistir en dar vía rápida a los proyectos de inversión. El fundamento es el mismo hay una necesidad que se cree procedimientos especiales únicamente para grandes proyectos de inversión. La inversión privada y pública es necesaria para nuestro país, pero esta inversión se tiene que hacer en el marco de respeto a los derechos de propiedad de todos los peruanos; el Estado no puede favorecer constantemente a un grupo de inversionistas reduciendo los procedimientos de acceso a la tierra y recursos naturales, a costa de debilitar los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas y nativas, de los agricultores familiares o de los pequeños propietarios; proteger estos derechos significa finalmente respetar los derechos humanos y cumplir la principal función del Estado que es velar por el bienestar común de todas y todos los peruanos.
Explicación:
El fundamento es el mismo hay una necesidad que se cree procedimientos especiales únicamente para grandes proyectos de inversión.