dos leyes más importantes de la ley de reforma de 1833
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Entre el 21 de abril de 1833 y el 24 de abril de 1834, Valentín Gómez Farías, quien tenía oficialmente el cargo de vicepresidente, sustituyó al general Antonio López de Santa Anna en el Ejecutivo. En este periodo el Congreso aprobó una serie de leyes que se consideran antecesoras de las Leyes de Reforma de dos décadas después, las cuales reglamentaron la relación entre la iglesia y el Estado en México.
El anticlericalismo fue un rasgo característico de los liberales del siglo XIX, pues consideraron que la iglesia católica tenía una serie de privilegios que le daban un enorme poder político y social, y la colocaban por encima de las instituciones del Estado. Se trataba de una cuestión meramente política, pues más allá de la religión en sí, para los liberales el debilitamiento de las raíces del poder eclesial era una estrategia necesaria para que el gobierno lograra consolidarse y ejercer la soberanía de la nación. Por eso en 1833 Gómez Farías vislumbró la posibilidad de emitir una legislación capaz de dar fin a los privilegios de la iglesia católica.
Entre junio de 1833 y abril de 1834 comenzaron a discutirse y aprobarse leyes que prohibían al clero regular y secular tratar asuntos políticos, suprimían la coacción civil hacia el pago del diezmo y el cumplimiento del voto monástico, suprimieron las sacristías mayores, cedieron los edificios jesuitas a la Federación y ordenaron la secularizaciones de todas las órdenes religiosas de la República. Estas leyes tuvieron una corta vigencia, pues con el regreso de Santa Anna a la presidencia fueron suprimidas. Sin embargo fueron un precedente legal que marcó un rumbo a seguir para alcanzar la separación entre la iglesia y el Estado, objetivo que se consolidó años después, cuando los liberales emprendieron un arduo trabajo legislativo en el periodo 1855 a 1860, incluyendo la formulación de una nueva Constitución y adiciones posteriores a su promulgación.
Las Leyes de Reforma retomaron las prerrogativas liberales sobre el tema de la relación Iglesia-Estado. Estipularon la desamortización de bienes de manos muertas, incluyendo los que pertenecían a la Iglesia; se suprimieron los fueros civil y militar, además de la coacción civil ante los votos religiosos; se eliminó el monopolio de la Iglesia en registros mediante la creación del Registro Civil y se estableció la libertad de cultos.
Tanto las Leyes de Valentín Gómez Farías como las Leyes de Reforma cristalizaron una de las aspiraciones de los liberales decimonónicos: que el Estado estuviera por encima de las potestades de la Iglesia católica, que históricamente fue un pilar político que alcanzó un poder incompatible con las instituciones del México moderno.
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Ley Lerdo. Obligaba a las corporaciones civiles a vender las casas y terrenos que no
estuvieran ocupando a quienes las arrendaban, para que esos bienes produjeran mayores
riquezas, en beneficio de más personas. Esa fue firmada por el Presidente Comonfort y por
Lerdo de Tejada.
Ley Juárez. Trató de suprimir los bienes militares en los negocios civiles, por lo tanto los
tribunales de las dos corporaciones, Iglesia y Ejército, se debían concretar a intervenir en
los asuntos de sus competencias y no en los asuntos civiles.