Diferentes gobiernos de la etapa democrática en Venezuela con sus características, logros y problemas
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La caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, marcó el comienzo de uno de los períodos más interesantes e importantes de la historia contemporánea de Venezuela. Que parte con la formación de una Junta de Gobierno que asume el poder y dirige el proceso político del país hacia el establecimiento de un régimen constitucional. Durante este período provisional ascende al primer plano la actividad política de los partidos; se convocaron las elecciones y el país entró en una etapa de democracia representativa, que ha sido el signo dominante durante la vida política de Venezuela durante los últimos cuarenta y dos años. Durante esta etapa se han sucedido los siguientes Gobiernos:
La Junta de gobierno, presidida por Wolfgang Larrazábal, quien renunció el 13 de noviembre de 1958 y fue sustituido por Edgar Sanabria. El nuevo presidente constitucional fue Rómulo Betancourt (13 de febrero de 1959 al 11 de marzo de 1964). En esta última fecha tomó juramento Raúl Leoni y ejerció el poder hasta el 11 de marzo de 1969, cuando traspasó la banda presidencial a Rafael Caldera; éste presidió hasta el 12 de marzo de 1974. Su sucesor fue Carlos Andrés Pérez, cuyo periodo presidencial terminó el 12 de marzo de 1979 y comenzó el de Luís Herrera Campins. Por reforma de la Constitución, Herrera concluyó el 2 de febrero de 1984, cuando se inició el gobierno de Jaime Lusinchi. A continuación, Carlos Andrés Pérez es nuevamente elegido durante los comicios de diciembre de 1988. Su vuelta a la presidencia a partir de 1989 generó un periodo de gran inestabilidad política, pues se produjeron dos intentonas de golpe de Estado en 1992 (4 de febrero y 27 de noviembre); su mandato debía culminar en febrero de 1994, pero fue interrumpido.
El periodo de mandato del presidente Carlos Andrés Pérez se redujo considerablemente, pues se produjo en la historia venezolana el primer juicio a un presidente en ejercicio. El 12 de marzo de 1993, mientras el presidente Pérez presentaba ante el Congreso Nacional su mensaje anual, el fiscal general de la República, Ramón Escobar Salom, sorprendió con la introducción ante la Corte Suprema de Justicia de una demanda contra Pérez por malversación y peculado de partidas secretas.
La Corte se reunió el 20 de mayo de 1993 y declaró que sí había indicios para enjuiciar al presidente; de acuerdo con la Constitución, Carlos Andrés Pérez fue suspendido de sus funciones públicas y se encargó de la primera magistratura el presidente del Senado, Octavio Lepage, en tanto el mismo Congreso designó a la persona que gobernaría el país con carácter de interino hasta la finalización del periodo que correspondía a Pérez, en caso de que el juicio no le fuera favorable y la sentencia se produjera antes del 2 de febrero de 1994.
El presidente interino seleccionado por el Congreso fue el senador por Acción Democrática Ramón Velásquez, quien contó con los votos de AD y COPEI, más otros partidos minoritarios; prestó juramento el sábado 5 de junio de 1993. En las elecciones de 1993 obtuvo de nuevo la presidencia Rafael Caldera, "autoexcluido" de COPEI, encabezando esta vez un nuevo partido, Convergencia, y apoyado por otras organizaciones como MAS, PCV y MIN. Caldera tomó posesión el 2 de febrero de 1994 para un periodo que debe concluyó a los cinco años. Las elecciones presidenciales, celebradas en diciembre de 1993, dieron como vencedor fue Hugo Chávez, uno de los oficiales involucrados en la intentona golpista de 1992, que había sabido aglutinar (con un mensaje de corte nacionalista y populista) a un amplio sector de la población descontento con el sistema político vigente, caracterizado por la alternancia de los dos partidos tradicionales, la creciente corrupción y la crítica situación económica, que había originado enormes desigualdades sociales y el surgimiento de amplias bolsas de pobreza. El presidente electo, que tomó posesión del cargo en febrero de 1999, tuvo entre sus prioridades más inmediatas la disolución del Parlamento y la convocatoria de una Asamblea Constituyente que procediera a dotar al país de una nueva ley fundamental.
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