Deforestación uso excesivo del tamshi
Respuestas a la pregunta
Respuesta:El 25 de julio de 2019 se convirtió en una fecha histórica para Tamshiyacu y el Perú, luego de que el juez Herbert Benavente Chorres, del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, adelantara su fallo contra la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C, sucursal local de United Cacao (actualmente Tamshi S.A.C.), por tráfico ilegal de productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento.
La sentencia fijó una reparación civil para el Estado de 15 720 461.27 soles por deforestar 1950 hectáreas del bosque de Loreto, y se condenó a 8 años de pena privativa de la libertad a Rubén Antonio Espinoza, gerente de la empresa y actualmente prófugo; además de penas suspendidas contra Ernesto Vega Delgado, jefe de operaciones, y Giovanni Cubas Ramírez, personal de campo del proyecto.
Tras la lectura extendida del fallo, realizada el 8 de agosto de 2019, y luego de que la empresa presente el pedido de apelación, hasta la fecha se desconoce la programación de la “vista de la causa”, donde Tamshi SAC deberá exponer de forma muy breve las razones por las que está disconforme con la sentencia.
En conversación con Clémence Abbès, oficial de proyecto de Oxfam en Perú, y Jean Pierre Araujo Meloni, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), quienes siguieron de cerca el proceso de Tamshiyacu, es de suma urgencia la programación de las nuevas instancias judiciales de un caso que data de finales de 2013.
“Desde Oxfam y la SPDA, estamos pendiente desde el mes de diciembre 2019, para que el Poder Judicial pueda fijar la fecha de apelación. Pero el poder judicial no logró fijar una fecha antes de sus vacaciones de febrero, y el proceso fue suspendido a partir de marzo por la pandemia”, comentó la especialista.
“Ahora que el poder judicial va a retomar sus actividades a partir de este mes de julio, estamos a la espera que se vuelva a fijar pronto una fecha de apelación. Ese proceso se está alargando demasiado, y esto contiene el riesgo de que se pare de priorizar un juicio tan importante, y que los fiscales y jueces reciban presiones que debiliten el proceso, como lo hemos visto antes”, agregó.
Por su parte, Jean Pierre Araujo destaca que “lo preocupante es que solo la investigación y primera instancia tomó de 2014 hasta 2019 y, en esta segunda instancia, donde no hay qué investigar ni revisar o presentar nuevas pruebas, se ha gastado un año sin programar y podrían ir hasta otro año para resolver la segunda instancia”.
“Esto crea inseguridad jurídica del lado de los procesados que han sido condenados, y del Estado que no puede exigir la reparación civil para reparar los daños causados hace casi 6 años”, indicó Araujo.
[Ver además ► FALLO HISTÓRICO: Poder Judicial sentencia a Cacao del Perú Norte a pagar 15 millones de soles por deforestar bosques en Loreto]
Urge nueva fecha en medio de la reactivación
Para Clémence Abbès, encargada del proyecto “Protegiendo la Amazonía” de Oxfam en Perú, la coyuntura actual de reactivación empresarial es el momento preciso para que este tipo de casos tengan una sentencia definitiva que signifique un mensaje ante cualquier intento de vulnerar las normas que protegen el territorio peruano en el marco ambiental y, sobre todo, a la población que se ve afectada.
“¿Por qué es importante que se dé ahora? Porque es el momento de tener sanciones claras contra empresas que pueden atentar contra los derechos a la tierra de comunidades locales y contra el bosque amazónico. […] La coyuntura actual de reactivación económica puede traducirse por una mayor presión hacia los recursos naturales en Amazonía, y esta reactivación se tiene que hacer con protecciones ambientales y territoriales. La activación económica no tiene que fomentar más amenazas contra bosque y los derechos a la tierra de pequeños campesinos y comunidades indígenas”, resaltó.
Para la especialista de Oxfam en Perú, es “importante lanzar una señal hacia actores del sector privado agroindustrial para que sepan que este tipo de infracciones no quedarán sin sanciones, y que se tienen que respetar las leyes para poder realizar una actividad económica agraria o forestal en Amazonía”.
Por su parte, Jean Pierre Araujo, de la SPDA, consideró que, desde el tema jurídico, programar lo antes posible las instancias finales del caso Tamshiyacu sería un claro mensaje del Poder Judicial, sobre todo, en medio del regreso de actividades empresariales y de futuros proyectos en zonas amazónicas.
“En un contexto de reactivación económica creo que es importante que haya muestras del sistema judicial y que este te diga que hay cosas que no pueden flexibilizarse o entenderse de una manera laxa, como es la protección ambiental y la conservación de recursos naturales”, indicó Araujo.
Explicación:
Respuesta:
Respuesta:El 25 de julio de 2019 se convirtió en una fecha histórica para Tamshiyacu y el Perú, luego de que el juez Herbert Benavente Chorres, del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, adelantara su fallo contra la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C, sucursal local de United Cacao (actualmente Tamshi S.A.C.), por tráfico ilegal de productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento.
La sentencia fijó una reparación civil para el Estado de 15 720 461.27 soles por deforestar 1950 hectáreas del bosque de Loreto, y se condenó a 8 años de pena privativa de la libertad a Rubén Antonio Espinoza, gerente de la empresa y actualmente prófugo; además de penas suspendidas contra Ernesto Vega Delgado, jefe de operaciones, y Giovanni Cubas Ramírez, personal de campo del proyecto.
Tras la lectura extendida del fallo, realizada el 8 de agosto de 2019, y luego de que la empresa presente el pedido de apelación, hasta la fecha se desconoce la programación de la “vista de la causa”, donde Tamshi SAC deberá exponer de forma muy breve las razones por las que está disconforme con la sentencia.
En conversación con Clémence Abbès, oficial de proyecto de Oxfam en Perú, y Jean Pierre Araujo Meloni, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), quienes siguieron de cerca el proceso de Tamshiyacu, es de suma urgencia la programación de las nuevas instancias judiciales de un caso que data de finales de 2013.
“Desde Oxfam y la SPDA, estamos pendiente desde el mes de diciembre 2019, para que el Poder Judicial pueda fijar la fecha de apelación. Pero el poder judicial no logró fijar una fecha antes de sus vacaciones de febrero, y el proceso fue suspendido a partir de marzo por la pandemia”, comentó la especialista.
“Ahora que el poder judicial va a retomar sus actividades a partir de este mes de julio, estamos a la espera que se vuelva a fijar pronto una fecha de apelación. Ese proceso se está alargando demasiado, y esto contiene el riesgo de que se pare de priorizar un juicio tan importante, y que los fiscales y jueces reciban presiones que debiliten el proceso, como lo hemos visto antes”, agregó.
Por su parte, Jean Pierre Araujo destaca que “lo preocupante es que solo la investigación y primera instancia tomó de 2014 hasta 2019 y, en esta segunda instancia, donde no hay qué investigar ni revisar o presentar nuevas pruebas, se ha gastado un año sin programar y podrían ir hasta otro año para resolver la segunda instancia”.
“Esto crea inseguridad jurídica del lado de los procesados que han sido condenados, y del Estado que no puede exigir la reparación civil para reparar los daños causados hace casi 6 años”, indicó Araujo.
[Ver además ► FALLO HISTÓRICO: Poder Judicial sentencia a Cacao del Perú Norte a pagar 15 millones de soles por deforestar bosques en Loreto]
Urge nueva fecha en medio de la reactivación
Para Clémence Abbès, encargada del proyecto “Protegiendo la Amazonía” de Oxfam en Perú, la coyuntura actual de reactivación empresarial es el momento preciso para que este tipo de casos tengan una sentencia definitiva que signifique un mensaje ante cualquier intento de vulnerar las normas que protegen el territorio peruano en el marco ambiental y, sobre todo, a la población que se ve afectada.
“¿Por qué es importante que se dé ahora? Porque es el momento de tener sanciones claras contra empresas que pueden atentar contra los derechos a la tierra de comunidades locales y contra el bosque amazónico. […] La coyuntura actual de reactivación económica puede traducirse por una mayor presión hacia los recursos naturales en Amazonía, y esta reactivación se tiene que hacer con protecciones ambientales y territoriales. La activación económica no tiene que fomentar más amenazas contra bosque y los derechos a la tierra de pequeños campesinos y comunidades indígenas”, resaltó.
Para la especialista de Oxfam en Perú, es “importante lanzar una señal hacia actores del sector privado agroindustrial para que sepan que este tipo de infracciones no quedarán sin sanciones, y que se tienen que respetar las leyes para poder realizar una actividad económica agraria o forestal en Amazonía”.
Por su parte, Jean Pierre Araujo, de la SPDA, consideró que, desde el tema jurídico, programar lo antes posible las instancias finales del caso Tamshiyacu sería un claro mensaje del Poder Judicial, sobre todo, en medio del regreso de actividades empresariales y de futuros proyectos en zonas amazónicas.
“En un contexto de reactivación económica creo que es importante que haya muestras del sistema judicial y que este te diga que hay cosas que no pueden flexibilizarse o entenderse de una manera laxa, como es la protección ambiental y la conservación de recursos naturales”, indicó Araujo.
Explicación: