Deduce por qué el estatuto de seguridad de, Julio Cesar Turbay Ayala, fue declarada institucional. psdt: ayuda por favor
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la noche del 6 de septiembre de 1978, el ministro de Gobierno, Germán Zea Hernández, en directo por televisión anunció a los colombianos la expedición de un severo régimen penal adoptado por el gobierno del presidente Julio César Turbay con un sugestivo título: el Estatuto de Seguridad.
Redacción Judicial
Hace 30 años, el gobierno Turbay restringió las libertades para preservar las instituciones.
“Su propósito es defender las instituciones democráticas, hoy asediadas por serios peligros, y defender a los asociados de toda clase de asechanzas para lograr una patria donde se viva en paz, sin sobresaltos, con toda clase de seguridades para la vida y el trabajo”. En estos términos, en la noche del 6 de septiembre de 1978, el ministro de Gobierno, Germán Zea Hernández, en directo por televisión anunció a los colombianos la expedición de un severo régimen penal adoptado por el gobierno del presidente Julio César Turbay con un sugestivo título: el Estatuto de Seguridad.
Con amparo en el polémico Estado de Sitio, el Decreto 1923 o Estatuto de Seguridad se convirtió en el centro de la discusión pública hasta su derogatoria en junio de 1982, y su severa aplicación, especialmente por la concesión de facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares, caracterizó una época de polarización social, crisis de derechos humanos, confrontación armada y denuncias ante la comunidad internacional. Pero como en su momento lo vaticinó el ex presidente Carlos Lleras, no eliminó las repúblicas independientes de la cocaína o la industria del secuestro.
En cambio le abrió camino a un debate que no cesa sobre los alcances y facultades del Estado en materia de seguridad. En su momento liderado por dirigentes como el ministro de Justicia Hugo Escobar, el de Comunicaciones José Manuel Arias o el de Defensa, general Luis Carlos Camacho; y con los años ejemplo de articulados semejantes como el Estatuto para la Defensa de la Democracia en tiempos de Virgilio Barco o el Estatuto para la Defensa de la Justicia del gobierno Gaviria. Sin embargo, la violencia no cesa y hoy la seguridad continúa siendo el eje de la discusión política.
Hace 30 años, el Estatuto de Seguridad dividió al país y, tras la confrontación entre el Estado y la insurgencia, quedó encubierta una guerra sucia que se fue apoderando del país con el aliento del narcotráfico. Hoy, el nombre de la nueva amenaza se denomina terrorismo y la Seguridad Democrática puesta en marcha por el presidente Álvaro Uribe vuelve a generar un intenso debate sobre la necesidad de preservarla porque los grupos guerrilleros o el paramilitarismo en su faceta de bandas emergentes siguen vigentes y cada día más comprometidos con el narcotráfico.
En otras palabras, expresó el magistrado Escobar, “el Estatuto de Seguridad de 1978 puede calificarse como un antecedente importante para el modelo de Seguridad Democrática del actual gobierno”. En su criterio, ayer hubo presencia de la Fuerza Pública y por eso se contuvo una guerra declarada de la subversión contra el Estado, y hoy existe un despliegue eficaz de la Fuerza Pública que ha logrado replegar a los grupos al margen de la ley, alejándolos de las zonas de mayor movilización ciudadana, lo cual ha redundado en una mejor calidad de vida y en el fortalecimiento de los poderes del Estado.