da conclusiónes o opinion de la violencia hacia la mujer
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CONCLUSIÓN
Aún con los avances legislativos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en los últimos años en el ámbito federal como en lo local, principalmente con publicación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se mantiene la discriminación y violencia en su contra, poniendo en riesgo su integridad y su vida. Por ello, es imperativo armonizar las legislaciones estatales acorde con los más altos estándares en la materia y asegurar su correcta implementación.
Siguen existiendo graves deficiencias en el diseño e implementación de políticas públicas para asegurar una vida libre de violencia para las mujeres mexicanas. Las instituciones administrativas y judiciales que atienden a las mujeres deben de comprometerse con procesos adecuados, eficaces y libres de prejuicios, con la voluntad y la capacidad de brindarles protección. De igual manera, se deben construir los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta adecuados para la evaluación y seguimiento de las medidas adoptadas.
La situación de violencia estructural contra las mujeres se ha agudizado, negando a las mujeres el acceso a la justicia y la protección judicial, así como las garantías de no repetición que puedan frenar la violencia en su contra y una reparación del daño con perspectiva de derechos humanos y género, para ellas y sus familias. Es imperativo que se generen procesos que eviten la aplicación discrecional de la justicia por quienes la administran y procuran, fortaleciendo procesos de investigación eficaces e impidiendo la impunidad. Los delitos y violaciones a los derechos humanos contra las mujeres deben de ser investigados con perspectiva de género, de infancia, de diversidad sexual y de derechos humanos.
No existe la información pertinente para tener un mejor y mayor acercamiento a la realidad que viven las mujeres, en especial aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Los sistemas nacionales y estatales de registro de datos no tienen información desagregada por sexo, edad, condición socioeconómica, entre otras categorías, para un mejor entendimiento de la situación de violencia que viven niñas, adolescentes y mujeres; menos aún si estas son indígenas, de la diversidad sexual o se encuentran en situación de movilidad. Se deben de tener diagnósticos certeros, información asequible y completa a nivel federal y también en los estados por las distintas autoridades e instituciones que trabajan por el bienestar de las mujeres.
Contrariamente a su obligación internacional en materia de derechos humanos de las mujeres y a la ratificación de los instrumentos que protegen a las mujeres de la violencia, el Estado mexicano, en lugar de aceptar la problemática existente, busca invisibilizarla en el contexto de violencia generalizada que vive el país, ignorando sus causas, consecuencias y especificidades. Siendo necesario que el Estado mexicano acate las recomendaciones que organismos y expertos internacionales han realizado en los diversos tipos de violencia contra la mujer.