¿Cuándo un juicio de amparo concluye de manera positiva que prosigue?
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Explicación:
Juicio de amparo
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El denominado juicio de amparo o también conocido ley del amparo en México, es un medio de control de constitucionalidad de los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder previsto por el ordenamiento jurídico mexicano, el cual tiene por objetivo proteger los derechos humanos y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en los artículos 103 y 107 y su ley es reglamentaria, denominada la ley de amparo.1
El juicio de amparo se basa en la idea de limitación del poder dentro de un marco constitucional, de las autoridades gubernamentales, y más recientemente de los particulares cuando sus actos se equiparen a los de la autoridad, protegiendo así los derechos humanos y fundamentales de las personas, garantizando, por ende, la libertad de estas frente al actuar arbitrario. El juicio de amparo resulta ser un mecanismo de protección complejo, hablando técnica y jurídicamente, situación que ha sido duramente criticado por diversos juristas, debido a que el ámbito de protección del Amparo, como instrumento jurídico de protección a los derechos humanos, debe ser amplio y el acceso a este debe ser sencillo para así garantizar el Estado de Derecho.
Además de restituir al particular en los derechos humanos que han sido violados, es de gran importancia la suspensión de la ejecución del acto reclamado, es decir la autoridad encargada de ejecutar deberá de abstenerse de efectuar la realización del acto, si la suspensión fue otorgada.
El juicio de amparo por regla general solo es de conocimiento de jueces federales, es decir aquellos que integran el Poder Judicial de la Federación, tales como Jueces de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso los Tribunales Unitarios de Circuito.
De lo anterior vemos que, si bien el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos, la esencia del mismo no es la protección de la totalidad de la Constitución, sino que procura la protección de derechos fundamentales-individuales.2 Si bien a raíz de la ley de amparo de 2013 se amplía el ámbito de protección del juicio de amparo a derechos colectivos, la esencia de dicho medio de control continúa siendo la protección de los derechos humanos. Por ello es que el juicio de amparo no es el medio de control idóneo para la impugnación de actos de autoridad que transgredan principios constitucionales diversos a los derechos fundamentales.