CUALES SON LAS INSTITUCIONES QUE PROTEGEN AL DERECHO A LA PROTESTA PERÙ
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
El derecho a la protesta en el Perú
El derecho fundamental en cuestión está regulado en la Constitución Política de 1993 en el artículo 2°, inciso 12, en el cual se establece que: “Toda persona tiene derecho: A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas”, expresando así el fuerte vínculo con la libertad de expresión y de asociación.
Sin embargo, la mayoría de los conflictos sociales originados en el país tienen una posición de desigualdad flagrante, porque los que protestan muchas veces son criminalizados, es decir, se les persigue a través del ejercicio del monopolio del poder punitivo del Estado -fuerzas policiales, o en casos extremos los militares-, con la finalidad de neutralizar el ejercicio de este derecho. En palabras de Mirtha Vásquez (2013:10): “La criminalización no sólo implica la utilización de la fuerza pública, sino también el uso de otros mecanismos, principalmente el sistema jurídico, a través del uso de las leyes para detener y condenar a los activistas sociales, lo cual permite ‘legalmente’ hostigarlos, perseguirlos, encarcelarlos y hasta torturarlos o asesinarlos, comparándolos con delincuentes y/o terroristas” .
Y esto lo podemos deducir a partir de las diferentes estrategias de seguridad utilizadas por el Estado y sus agentes en relación a personas y grupos que protestan reclamando cualquiera de sus derechos. Solo por citar algunos ejemplos: el conflicto de Bagua, en donde perdieron la vida 33 personas (entre ellas 23 policías y 10 nativos) cuando se tomó la carretera principal por más de 50 días para protestar en contra de la firma de Tratados de Libre Comercio –“TLC”- con Estados Unidos, pues favorecían a las grandes empresas transnacionales y mineras para explotar los recursos del territorio de la selva (Luque, 2013); los proyectos mineros Tía María (en Arequipa) y Las Bambas (en Apurímac), así como el caso de contaminación producido en la Oroya (en Junín), ocurridos los tres desde el año 2015 en dónde se registró el número más alto de víctimas, alrededor de 19 muertos, 872 heridos y otros 258 casos activos (El Comercio, 2019); como puede observarse, se vive en una constante crisis.
Explicación:
Para mayor información se agrega el siguiente cuadro:
